Una lucha decidida contra la inseguridad ciudadana y la corrupción debe ser el norte de los políticos latinoamericanos si de verdad quieren una democracia fuerte, como la que merecen y quieren vivir sus pueblos. Varios líderes y expresidentes, sin embargo, como lo plantearon esta semana en Lima en el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, prefieren seguir con su vieja cantaleta de crear mecanismos de monitoreo para observar fallas o interrupciones institucionales, cuando las prioridades de los ciudadanos pasan por poder caminar y despertarse tranquilos, sin miedo a los atracos y los robos y que los corruptos terminen en la cárcel.
La Carta, creada en 2001, ya demostró que no es muy útil en los momentos más difíciles. No solo por no servir para sortear golpes como el de Honduras o el autogolpe de diciembre pasado en Venezuela cuando el presidente Hugo Chávez fue habilitado para gobernar por decreto por 18 meses de espaldas al Congreso, sino porque tampoco exige a los gobiernos resolver la inseguridad y la corrupción —dos palabras que no se mencionan en el texto— y que están en franco aumento en la región.
Así lo confirman los índices de percepción de calidad de vida que se manejan en las Américas. Según datos de la Organización de Estados Americanos, en 2010 se cometieron dos tercios de los secuestros del planeta, y más de 130 mil asesinatos, una de las tasas de homicidios más elevada del mundo. En El Salvador fue de 61 por cada cien mil habitantes y en Venezuela 48. Además, mediciones del Banco Interamericano de Desarrollo señalan a los argentinos, bolivianos y peruanos como los que se sienten más expuestos a ser asaltados.
También la región es una de las más corruptas del mundo, como lo indica el último informe de Amnistía Internacional, que sitúa a Venezuela en el puesto 164 de 178 países, índice en el que también se destacan Paraguay y Haití en el lugar 146; Honduras, 134; Nicaragua y El Salvador, 127 y Argentina, en el 105.
Por el contrario, en aquellos países con niveles menores de inseguridad ciudadana y corrupción, como EE. UU., Canadá, Chile, Costa Rica y Uruguay, es donde hay una mejor percepción y asociación entre el desarrollo democrático y una mejor calidad de vida.
Varias cosas sucedieron esta semana que prueban que una nueva Carta Democrática, como propuso el presidente de Perú, Ollanta Humala, no puede desatender el pedido de los ciudadanos. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo acaba de destituir a seis funcionarios, entre ellos al ministro de Seguridad y al canciller, porque “no hemos logrado los resultados esperados” en el combate a la delincuencia. Mientras que en Guatemala, en las elecciones del domingo pasado, ganaron los candidatos que prometieron “mano dura” contra el crimen y la delincuencia, Otto Pérez y Manuel Baldizón, quienes tendrán que verse de nuevo las caras en segunda vuelta.
Hace unos días, el informe 2011 sobre Competitividad Global del Foro Económico Mundial, otorgó la peor nota a Guatemala, ubicándola en el último puesto de 142 naciones, por los costos asociados para la democracia que tienen el crimen y la corrupción, aspectos que han aumentado la desconfianza de la gente en los políticos y la policía.
Queda claro en América Latina que los países más corruptos e inseguros tienen las peores democracias. La falta de seguridad no solo afecta la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino también es una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático y al estado de derecho, como dijo Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.
En cambio, si la seguridad pública conlleva la obligación del Estado de proveer los mecanismos de fuerza para prevenir y reprimir delitos, para que los ciudadanos sin distinciones, puedan vivir en armonía; y si el castigo a la corrupción abre las puertas a un gobierno transparente y a una sociedad más justa y equitativa, es fácil advertir que son estos los dos aspectos que deben primar en la redacción de un nuevo documento como intentará pronto la OEA, para que la democracia sea “como la gente”. El autor es periodista argentino, director de prensa de la SIP
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A