Por Moisés Martínez
En la Dirección General de Ingresos (DGI) todos los miércoles decenas de exempleados hacen filas en las afueras a la espera de que finalmente se les paguen sus liquidaciones.
Víctimas de la guillotina administrativa del defenestrado exdirector de Ingresos, Walter Porras, estas personas forman parte de los más de 21 mil servidores públicos que el Gobierno ha despedido por no alinearse a las directrices políticas del régimen del presidente Daniel Ortega.
Pero en Nicaragua, el período electoral cambia todo. Por medio del acuerdo presidencial 190-2011, el mandatario ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a que se paguen 79,746,000 córdobas a favor de extrabajadores de las diferentes instituciones despedidos a lo largo de la Administración de Ortega.
“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público queda autorizado a pagar el monto aprobado por medio de pagos parciales hasta agotar dicho monto, a grupos de extrabajadores cuyas liquidaciones hayan cumplido todas las normativas”, cita el decreto publicado en La Gaceta, diario oficial del 29 de septiembre.
La Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público (Fedetrasep), cuyo secretario general es Álvaro Leiva Sánchez, contabiliza hasta principios del mes pasado más de 21,000 empleados públicos despedidos durante el mandato de Ortega.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
