Siendo Nicaragua un país de facto, el hecho de que protestemos contra la inconstitucionalidad de la candidatura de Daniel Ortega no va ser suficiente para congelar estas elecciones. Casi todos los juristas de renombre y personas responsables rechazan con acuciosa documentación legal esta viciada elección.
El señor Ortega no solo es un candidato de facto, sino de capricho, y se burla de un país que aspira a ser democrático y viable. Demás está decir que tenemos que luchar contra estas circunstancias y concurrir a la justa electoral, puntuales. No hay otra opción.
El ángulo tal vez más peligroso de esta aberración electoral es la que señala Montesquieu en uno de sus escritos, al decir que cuando un mandatario, sea este príncipe, primer ministro o presidente, desobedece o infringe la carta magna de una nación se convierte en el primer insurrecto de esa nación y estimula al resto de los ciudadanos para que se conviertan en insurrectos y den al traste con el ejemplo. Esto le pasó al mismo Ortega con Somoza, convirtiéndose ahora en organizador de un caos que no tardará en explotar y volvamos a repetir la historia como en el mito de Sísifo. Ya para todos los efectos, cualquier nicaragüense es miembro de una sociedad, donde la rebeldía es legítima, otorgada por el paradigma de su presidente.
En todo caso el señor Ortega es un rebelde nato, de vieja data y que aun con la instauración de gobiernos democráticos como el de doña Violeta, Alemán y don Enrique, con su puesta en práctica del “mandar desde abajo” creó una verdadera desestabilización del país sin motivo alguno, más que aquel de arrebatar el poder a como diera lugar. No queremos recordar las quemas de llantas, tranques, muertos, etc.
Hace poco el comandante Víctor Tirado López, en comparecencia televisiva, manifestó que en Nicaragua lo que se ha producido es un golpe de Estado, no sé si técnico o de facto, pues todos los poderes del Estado están bajo la égida y control del señor Ortega. Los combos jurídicos dolosos están a la orden del día, especialmente del Consejo Supremo Electoral (CSE), de donde emanan todo tipo de reglamentos y posibles inhibiciones, solo para amedrentar a los votantes y entorpecer las elecciones. La Corte Suprema de Justicia, para no quedarse atrás, acoge con celeridad amparos ilógicos y anacrónicos, con la funesta intención de apuntalar al CSE en su afán de crear temor.
Ortega no cesa por su lado de llevar agua a su molino, esta vez trasladando en todos los buses del transporte público a sus “simpatizantes” a lugares lejanos, dejando a los usuarios de Managua en desamparo, sin ninguna consideración para ellos. Esta desconsideración constituye una violación flagrante de la Ley Electoral que prohíbe el uso de los bienes públicos para actividades proselitistas, de manera que debería ser procesado el partido que comete semejante delito.
Por todo lo anterior y parodiando al señor Tomás Borge, aquí todo puede pasar menos que este usurpador de poder asuma o termine su mandato, por lo espurio que hemos tenido que observar y sufrir en carne propia este proceso electoral viciado. La democracia es un derecho inalienable y como tal debemos reivindicarlo. Nicaragua volverá a ser República. Nadie puede evitarlo. El autor es empresario.
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