Quito/EFE
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo hoy que pedirá a la ONU y a la Unasur que investiguen la sublevación del 30 de septiembre de 2010, la cual amenazó con derrumbar su Gobierno, al tiempo que ordenó la desclasificación de documentos reservados sobre los hechos de ese día.
El mandatario señaló que solicitará a ambas entidades “que nombren comisiones” para que indaguen “con total independencia y ajenas a manoseos políticos” si ese día los agentes sublevados le intentaron matar.
Además, quiere que investiguen si hubo un intento de golpe de Estado y si el Gobierno ha tratado de ocultar alguna información o evidencia, entre otros fines.
El 30 de septiembre de 2010 una inédita protesta salarial derivó en un alzamiento de proporción.
Correa, que había acudido esa mañana a hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue agredido y se refugió en un hospital de la Policía, del que sólo pudo salir en la noche tras una operación de rescate, en medio de un intenso tiroteo.
Correa consideró que en esa jornada hubo un intento de golpe de Estado en su contra, instigado por grupos de oposición y “malos oficiales” de la Policía.
El jefe de Estado hizo sus declaraciones tras una reunión del Consejo de Seguridad Pública, en la que se aprobó la desclasificación de los documentos de la policía y las fuerzas armadas sobre los hechos del 30 de septiembre.
Correa apuntó hoy que entre los documentos que ha ordenado que se divulguen está un vídeo que filmaron soldados que participaron en la operación de rescate, en el que las Fuerzas Armadas tuvieron 42 heridos y dos fallecidos.
Subrayó que por seguridad se mantendrá en reserva los nombres de los soldados que participaron en el operativo.
“Aunque el escrutinio externo se considere innecesario y denigrante frente a las contundentes evidencias registradas en esa aciaga jornada, el Gobierno ha tomado la iniciativa de proponerlo como un acto de sensibilidad externa”, en memoria de los fallecidos y quienes ese día se movilizaron para salvar la democracia, dijo.
El gobernante insistió en que no tienen “nada que ocultar”, por lo que reiteró que puede venir la ONU, la Unasur o “los que quieran a buscar la verdad”.
Recalcó que el caso del 30 de septiembre no se cerrará hasta que se sancione a los responsables y se lamentó de lo que consideró “boicot” de distintos sectores para que el asunto quede en la impunidad.