Elízabeth Romero
Siero, quien permaneció frente a la Fiscalía en huelga de hambre por más de una semana para reclamar una respuesta a su denuncia, dijo: “Independientemente que haya suspendido la huelga de hambre no quiere decir que la lucha mía ha terminado”.
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Al menos nueve artículos del Código Procesal Penal (CPP), habría violentado el Ministerio Público al mandar a archivar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en contra del magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas.
Esto es lo que alegan en su demanda contra el Estado de Nicaragua presentada contra el presidente Daniel Ortega, ante la Corte Centroamericana de Justicia, los abogados democráticos representados ayer por Lulio Marenco y Gustavo García.
En parte del escrito señalan que al negarles el Ministerio Público el derecho de acceder a la justicia para que sea un órgano jurisdiccional que determinara en el caso, esa institución actuó como encubridor en la comisión del enriquecimiento ilícito. Según Marenco, la Fiscalía omitió muchas pruebas y actualmente oculta evidencias.
El dirigente magisterial, José Siero, recurrió ante la Corte Centroamericana de Justicia, luego que la Fiscalía no dio ha lugar a una denuncia que éste introdujo por delito electoral, con lo cual considera le fue negado el acceso a la justicia. Siero, quien permaneció frente a la Fiscalía en huelga de hambre por más de una semana para reclamar una respuesta a su denuncia, dijo: “Independientemente que haya suspendido la huelga de hambre no quiere decir que la lucha mía ha terminado”.
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