Las elecciones realizadas ayer bajo la conducción del FSLN por medio de los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) estuvieron tan plagadas de arbitrariedades y atropellos, de vicios legales y actos fraudulentos, que es imposible que puedan ser reconocidos como válidos por la ciudadanía democrática y certificados como justos y transparentes por la observación electoral independiente, nacional y extranjera.
En realidad, aún en el caso de que las elecciones hubieren sido transparentes no podrían legitimar la extensión del régimen de Daniel Ortega por cinco años más. El artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial en períodos consecutivos y por más de dos mandatos, es una norma suprema taxativa que solo puede ser cambiada mediante una reforma constitucional y nunca por una resolución judicial, mucho menos por un acuerdo de los magistrados del FSLN que ha sido flagrantemente espurio. De manera que estas elecciones que han sido tan sucias como las peores de la época somocista, tienen que ser anuladas y se debe convocar a nuevos comicios, excluyendo la candidatura inconstitucional de Daniel Ortega y con autoridades decentes y reglas electorales justas, transparentes y confiables.
Si Daniel Ortega sigue en el poder después del 10 de enero de 2012, al concluir el mandato de cinco años para el cual fue elegido en noviembre de 2006 con solo el 38 por ciento de los votos, no podría ser reconocido como un presidente legítimo. Sería un gobernante de facto, un presidente inconstitucional al que se le tendría que impugnar en las instancias internacionales correspondientes, ya que en Nicaragua la justicia ha sido partidarizada y pervertida por el orteguismo.
Estamos claros de que a Ortega no le importan los principios y normas de la democracia representativa, la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Y ahora se apresta a consolidar su régimen de facto para lo cual planea realizar un cambio constitucional a fin de eliminar la prohibición de la reelección presidencial, institucionalizar los denominados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y restablecer los poderes presidenciales absolutistas de la Constitución sandinista de 1987, que fueron recortados por la reforma constitucional democrática de 1995.
Pero también a partir de ahora, e indistintamente de lo que la observación electoral independiente dictamine sobre los anormales comicios de ayer, debe comenzar una nueva etapa de la indeclinable lucha nacional por la defensa de la libertad, por la democracia y el desarrollo humano para todos los nicaragüenses, objetivos superiores que el orteguismo no puede extirpar del corazón y la conciencia de pueblo democrático.
Después que Daniel Ortega ganó las elecciones de noviembre de 2006, con solo el 38 por ciento de los votos gracias al pacto con Arnoldo Alemán, dijimos que en su plan de restaurar la dictadura él llegaría hasta donde los nicaragüenses demócratas le permitieran llegar. Lamentablemente, por culpa de un sector “liberal” de la oposición que claudicó ante el pactismo, el autoritarismo y la corrupción, y debido a las ulteriores consecuencias del pacto, los partidos democráticos desperdiciaron la mayoría parlamentaria que los ciudadanos les dieron con sus votos en las elecciones de 2006, y Ortega se adueñó de todos los poderes e instituciones del Estado.
Pero la lucha por la libertad y la democracia tampoco se detiene. Solo que para recuperar la democracia es indispensable que la oposición política se sacuda los liderazgos caudillistas, pactistas y venales. Una nueva generación de opositores demócratas tiene que conducir la resistencia contra el populismo autoritario y la lucha por la restauración de la democracia republicana.
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