MIAMI/AFP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este martes el asesinato de una periodista hondureña y un atentado contra el diario La Tribuna de ese país y reclamó también una investigación por el reciente homicidio de un periodista en Panamá y otro en Uruguay en 1977.
La periodista hondureña Luz Marina Paz y un mecánico que la acompañaba murieron este martes baleados por pistoleros en la periferia suroeste de Tegucigalpa, elevando a 17 los comunicadores asesinados en este país desde 2010, informó la Policía.
El organismo patronal de medios de comunicación con sede en Miami hizo un llamado enérgico al gobierno del presidente Porfirio Lobo para que “se investigue y aplique el peso de la ley a fin de garantizar la plena libertad de prensa”.
“Estos nuevos atentados forman parte de una campaña de violencia e inseguridad en general, y de amenazas e intimidación contra editores y periodistas de medios en Honduras que venimos denunciando”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Gustavo Mohme, del diario peruano La República.
Por otra parte, la SIP también pidió una investigación por el atentado armado, la madrugada del lunes, contra las instalaciones del periódico La Tribuna en Tegucigalpa, donde el guardia de seguridad, José Manuel Izaguirre, recibió tres impactos de bala.
El organismo también pidió este martes a las autoridades panameñas una investigación por el asesinato el pasado 6 de noviembre de Darío Fernández Jaén, propietario de la emisora radial “Mi Favorita”, en la ciudad de Penononé, donde presentaba un programa que había denunciado hechos de corrupción en el proceso de adjudicación de tierras en la provincia.
Por otro lado, la SIP pidió al Estado uruguayo investigar la muerte del periodista Julio Castro, secuestrado el 1 de agosto de 1977 bajo la dictadura militar y cuyos restos fueron hallados el pasado 21 de octubre en el predio de una unidad militar, en el departamento de Canelones, 45 kilómetros al norte de Montevideo.
Castro, quien tenía 68 años, fue detenido ilegalmente, torturado y según un análisis forense, ejecutado de un balazo en la cabeza, lo que contradice la versión que hasta ahora habían dado los militares sobre este caso.
“Con estos nuevos elementos alrededor de la desaparición y ejecución del periodista consideramos que el Estado uruguayo debe realizar una exhaustiva investigación para llevar ante la Justicia a los responsables directos e indirectos del asesinato”, consideró.