Ramón H. POTOSME

La clarificación sobre las propiedades indígenas en el país, tanto en el Caribe como en el Pacífico Centro y Norte, debe ser puesta en agenda pues desde ya es parte de la inestabilidad en las propiedades, según el informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

En la Costa Caribe el Gobierno ha titulado a 15 territorios indígenas, que cubren un área de 22,452 kilómetros cuadrados, pero ninguno de ellos ha sido saneado. Según la investigación Mercado de tierras y seguridad en su tenencia, se debe al poco presupuesto con que cuenta la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), que carece de los fondos para ello. La mayoría de proyectos han sido respaldados por la cooperación internacional.

Mientras, está dictaminada y pendiente de su aprobación la Ley de Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y Norte, con la que el Estado deberá reconocer los territorios establecidos en los títulos reales otorgados por la corona española

“Nosotros recomendamos que este tema debe ponerse en agenda. Es cierto que es muy difícil, pero en el caso de occidente, Sutiaba tiene derecho reales en extensiones considerables”, señaló Horacio Rose, autor del estudio de Funides.

Problemas en elnorte y occidente

• Confusión con reservas

  Según el estudio de Funides, la figura de Reservas forestales y el manejo de áreas protegidas crea mayor confusión sobre la tierras, pues estas deben ser inscritas a nombre del Estado. Sin embargo, dentro de áreas protegidas como Bosawas hay propiedades inscritas a nombre del Estado y la vez pertenecen a comunidades indígenas.
  
  El territorio de los pueblos indígenas no ha sido posible calcularlo, según el informe; los estudios especializados solo ofrecen aproximaciones y porcentajes respecto del territorio nacional.

Durante la presentación comentaron la tensión que viven tanto comunitarios como dueños de finca. La familia Lanzas mencionó el caso de la finca Santa Josefina que, señala, ha sido tomada por supuestos miembros de la Comunidad indígena de Matagalpa.

Al respecto, Tomas Delaney, comentarista del estudio, observó que el problema es complejo porque por un lado hay quienes levantan la bandera indígena para tomar propiedades privadas pero, por otro lado, el Estado está titulando sobre propiedades comunales.

El pasado lunes representantes de la Comunidad indígena de El Viejo y Sutiaba señalaron que tras el barrido catastral que impulsa la Procuraduría General de la República asignaron al menos 25 lotes sobre propiedad indígena.

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