Las pruebas, evidencias, testimonios, omisiones y violaciones flagrantes a la Constitución y los derechos humanos en las elecciones del 6 de noviembre pasado en Nicaragua, representan un tema pendiente y un reto de eficiencia a la comunidad internacional.
Es un tema pendiente ya que millones de nicaragüenses estamos estafados, burlados en nuestro derecho universal a la libre elección de forma de gobierno. Miles de fiscales son marginados en su derecho al empleo, perseguidos por el fisco o por los CPC, ante una comunidad internacional cuyos órganos y mecanismos para hacer valer la justicia parecen estar silenciados por el petróleo venezolano y sus intereses adjuntos.
El próximo martes 10 de enero un presidente impuesto a la fuerza y contra la voluntad de los electores, tendrá una banda presidencial colocada por él mismo, ilegítimo porque además de su reelección nunca renunció para volver a ser candidato. Sus allegados y socios de negocios, directivos partidarios en los diferentes poderes del Estado aplaudirán un circo, un escenario donde todos los cómplices del fraude electoral presidencial más escandaloso de los últimos tiempos estará como ejemplo en la TV en vez de estar en algún sistema de justicia.
Lo que está sucediendo en Nicaragua hace retroceder el derecho internacional a las dictaduras latinas de los setenta, no representa la beligerancia que debe tener una comunidad globalizada y unida por los grandes avances de la ciencia y la tecnología en proteger el Estado de Derecho de los ciudadanos centroamericanos en una nación que pertenece a todas las organizaciones creadas para estos fines, ¿Qué está pasando con la OEA, ONU, cuál es su independencia real para actuar cuando es un gobierno el acusado por violar la soberanía de sus ciudadanos?
El fraude electoral en Nicaragua fue planeado desde el padrón electoral alterado, desde los votos múltiples de jovencitos menores de 16 años con cédulas falsas. Hay centenares de actas falsificadas, testimonios de fiscales expulsados, golpeados, y tristes hechos de violencia y muertos como los mártires de El Carrizo.
Para completar las pruebas físicas se necesita una auditoría electoral, ¿podrán Ética y Transparencia, Ipade, Hagamos Democracia entrar acompañados de la OEA a los más secretos recintos de la Cueva de Ali Babá? ¿Cómo respaldará la comunidad internacional los verdaderos resultados electorales, cómo harán valer la verdadera decisión que tomamos los nicaragüenses si el fraude fue tan grave que hasta los muertos votaron?
El papel de los diputados opositores no es autenticar la ilegalidad de este Gobierno sino evitar un vacío para los usurpadores, ocupar la parte mínima de un poder que les corresponde para apoyar desde sus escaños el rescate de la soberanía nacional, restablecer la institucionalidad y mantenerse en estrecha comunicación con sus electores a través de cabildos permanentes, tomar en cuenta a los jóvenes y trabajar en equipo por verdaderas alternativas de solución a los problemas sociales y económicos que enfrentamos.
Votamos por nuevas caras honestas en los poderes del Estado. Su papel será acompañar a los diputados y ciudadanos que hemos hecho de la calle la otra parte de la Asamblea Nacional en la organización de esta nueva Nicaragua que pasa sin lugar a dudas por el impulso de nuevas elecciones presidenciales.
Solo de esa manera sabremos los índices de abstención inmensa por dudar de todo el sistema, los votos falsos y repetidos, los votos ilegales de niños votando, enseñándoles a mentir desde el poder, la repetición de cédulas que urge cambiar por completo, igual que a todo el sistema corrupto del Consejo Supremo Electoral.
Con un nuevo Consejo, usar el mismo engranaje de las municipales para repetir las elecciones nacionales e instalar un gran diálogo nacional donde la Iglesia sea mediadora, decidir el tiempo y las condiciones para repetirlas. Solo así evitaremos un nuevo baño de sangre en el país y de verdad sabremos quién es el presidente por quien votamos la mayoría de los nicaragüenses.
2012 es un año lleno de retos y pruebas, donde la tentación de la indiferencia y las coimas, sumados a la aparente superioridad de quienes usurparon el poder, tratará de confundir con su gran presupuesto publicitario y sus regalías, la realidad y el cambio por el que votamos la mayoría:
Una Nicaragua azul y blanco, donde los jóvenes estudien y tengan alternativas de superarse en vez de hacerse pandilleros en las rotondas, donde se respeten los recursos naturales y no se saqueen desde las instituciones de gobierno, donde hayan oportunidades de trabajo dignos y no por afinidad política, donde los casi tres millones de nicaragüenses puedan volver a su Patria y se les entregue su cédula, donde las instituciones sean para facilitar los trámites que hagan prosperar Nicaragua y sus ciudadanos y no para enriquecer a sus directivos, donde en vez de “el no pago” se fomente el “sí al trabajo y no al robo y la corrupción”, donde se respete la diferencia de ideas y no se promueva el odio entre las mismas familias.
Necesitamos que la comunidad internacional nos acompañe y proteja en todo este trabajo pendiente y delicado que nos toca impulsar, ya no más guerra ni muertos, ni rabia por fraude sobre fraude.
Este 10 de enero, Día de la Dignidad Nacional, rendiremos tributo al Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mostrándole al mundo el inicio de la resistencia cívica al fraude. Nuestra lucha y nuestra decisión por una Nicaragua próspera y soberana mostraremos la verdad de lo que pasó, la verdad por la que votamos y por la que continuamos indignados y en las calles hasta que rescatemos nuestros votos y Nicaragua vuelva a ser República.
Ni un paso atrás nuevas elecciones con nuevo Consejo. La autora es periodista ambientalista
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