Washington/EFE
Estados Unidos considera que el cierre del consulado de Venezuela en Miami es una “decisión soberana” del Gobierno de Hugo Chávez y no responderá a esa acción con nuevas medidas, indicó hoy a Efe un portavoz del Departamento de Estado.
“La decisión de cómo manejar sus consulados y proporcionar servicios consulares a sus ciudadanos en el exterior corresponde únicamente al Gobierno de Venezuela”, dijo a Efe el portavoz del Departamento de Estado para Latinoamérica, William Ostick.
Por tanto, EE.UU. “respeta” la decisión de hoy de Chávez de cerrar administrativamente el consulado, después de que el Departamento de Estado anunciara el pasado domingo la expulsión de la cónsul venezolana Miami, Livia Acosta Noguera, sin especificar razones.
Ostick descartó que el Gobierno de su país se plantee responder con nuevas medidas al cierre del consulado y subrayó que, para Estados Unidos, el caso de Acosta quedó cerrado “con su expulsión”.
“La medida ya está tomada, y no hay una serie de medidas que vayan a seguirla”, indicó.
El funcionario subrayó que la expulsión de Acosta no implica “ningún cambio profundo” en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, tal y como indicó el jueves la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.
“Esta ha sido una relación difícil y compleja, pero eso no cambia el hecho de que si hubiera formas de mejorarla, estaríamos abiertos a ello”, dijo Nuland.
Chávez calificó hoy la expulsión de Acosta de “injusta”, “atropellante” e “inmoral”, y señaló que ha decidido cerrar la misión en Miami con base en la recomendación de su canciller, Nicolás Maduro.
El mandatario venezolano añadió que se negó a expulsar a su vez a algún diplomático estadounidense, puesto que no tiene “ninguna razón” para hacerlo y no quiere responder “como ellos”, en alusión a Estados Unidos.
La expulsión de la diplomática se produjo después de que la cadena de televisión Univisión transmitiera en diciembre pasado el documental “La amenaza iraní”, sobre un supuesto plan en 2006 para atacar los sistemas de varias plantas nucleares en EE.UU., además de la Casa Blanca, el FBI y la CIA.
Algunos de los entrevistados dijeron que las embajadas de Irán, Cuba y Venezuela habrían participado.
Los legisladores republicanos Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz Balart y David Rivera, y el demócrata Albio Sires también, solicitaron a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, que investigara las acusaciones contra la diplomática venezolana y, de comprobarse, le pidiera la salida inmediata del país.