Por Lucía Navas
La eliminación o reducción de las tasas de impuestos a los distintos sectores de la industria alimentaria es la alternativa encontrada por el Gobierno y sector privado para frenar los incrementos de precios en productos sensibles para la población.
De acuerdo con Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos, se le presentará a la Presidencia de la República la necesidad de realizar “con carácter urgente” una reforma a la Ley de Equidad Fiscal para enviarla a la Asamblea Nacional, a fin de su aprobación con igual trámite.
Aunque el Gobierno no da plazos para la reforma parcial a la Ley de Equidad Fiscal, el Cosep considera que por la urgencia debe lograrse tenerla lista a finales de enero.
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Arce dijo que la reforma fiscal parcial busca especialmente frenar el alza de hasta dos córdobas por litro de leche, pero también responder a problemas que enfrenta el sector arrocero y el avícola, que igualmente son presionados por la tarifa eléctrica para incrementar los precios a la población.
El funcionario afirmó que la reforma debe garantizar tanto la defensa del bolsillo del consumidor como de la industria para que mantenga el abastecimiento de los alimentos y sus exportaciones, pero a la vez “seguir apoyando al productor para que siga creciendo”.
HARÁN REVISIÓN TOTAL
Mario Zelaya y Mario Amador, vicepresidentes del Cosep, explicaron que los alimentos que deben desgravarse del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) son, por ejemplo, la leche saborizada, por cuanto vía ley no se les considera alimentos lácteos.
Zelaya aclaró que con el ISC hay oportunidad de negociar los márgenes que pueden reducirse, pero con el IVA la decisión será pasarlo a “tasa cero o mantenerlo en 15 por ciento”.
Por su parte, Amador refiere que también deberá revisarse de manera integral al sector de las procesadoras artesanales de queso, que gozan actualmente del régimen del pago de cuota fija. Por ley gozan de ese beneficio aquellas empresas cuyos ingresos brutos anuales por concepto de ventas no excedan de los 480,000 córdobas.
Amador dice que muchas procesadoras artesanales de queso tiene la estructura de una gran empresa, “y por tanto debe revisarse para que se deje en la cuota fija a quienes realmente caben en este régimen”.
En el caso del sector lácteo, viene solicitando al Gobierno estas exenciones desde 2008, previendo las constantes alzas en los costos de producción.
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