Por Wilder Pérez R., Eddy López y Josué Bravo
Costa Rica no acatará la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que le manda a detener la construcción de la carretera junto al río San Juan de Nicaragua, como parte de las medidas cautelares en un juicio iniciado por dos organizaciones ambientalistas nicaragüenses.
Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Constitucional de Costa Rica, dijo ayer que su país no pertenece a la CCJ y, por lo tanto, ninguna resolución o sentencia que ese tribunal emita sería vinculante.
“Jurídicamente no es vinculante. La resolución de la Corte Centroamericana de Justicia no tiene ningún peso. Nuestro país no pertenece a esa Corte”, aseguró Calzada.
- No es la primera vez que Costa Rica se declara en rebeldía ante la CCJ. Según el presidente de este tribunal, Francisco Darío Lobo, hace dos años intentaron eludir una demanda de ciudadanos costarricenses.
- Sobre Costa Rica, el ecólogo Jaime Incer Barquero, presidente de Fundenic SOS, dijo que “me parece que son bien inocentes al tratar de cubrir todo el desastre con mantas, pone en más evidencia el temor que ellos sienten en ser descubiertos in fraganti”.
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Estas palabras se dieron ayer, antes de que la instancia judicial centroamericana resolviera, por unanimidad, dictar medidas cautelares “consistentes en que se suspendan inmediatamente las obras de construcción de la mencionada carretera”, según dice la sentencia, calificada como “no definitiva”, por el magistrado presidente, Francisco Darío Lobo.
La CCJ resolvió que las medidas cautelares deben mantenerse mientras dure el juicio. Además, recomendó a los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica realizar un diálogo bilateral para garantizar la protección de los recursos naturales de la zona del río San Juan y la carretera.
Lobo afirmó que las medidas fueron emitidas luego que el pleno del tribunal constatase en el lugar “algunos indicios” de que la vía podría constituir un fuerte impacto ambiental que cause un daño irreparable al ecosistema de la región.
El caso quedó abierto a pruebas el pasado lunes. Las partes tienen diez días para presentarlas.
Aunque Costa Rica insiste en desconocer a la CCJ, el sector exportador del país teme por eventuales sanciones comerciales.
“Nos afectan a todos. No solo a los comerciantes, a los empresarios, a los exportadores, sino a las poblaciones en general”, dijo a la prensa local Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
Tanto la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible (Fundenic SOS), como el Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), demandaron jurídicamente a Costa Rica, ante la CCJ, por los daños y amenazas de la carretera que construye este país, al río San Juan de Nicaragua.
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