Por Lucía Navas y Gisella Canales
La posición del sector privado es que el Gobierno debe quedar fuera del proceso de importación de leche en polvo, pues de lo contrario no se lograría el objetivo de reducir los márgenes de producción de las plantas procesadoras para evitar el incremento de precio de la leche líquida.
Mario Amador, presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), dice que aunque el sector lácteo ve como una “opción viable” traer leche en polvo para reconvertirla y ofrecer un producto más barato a los consumidores durante el verano, aún no se ha aceptado del todo.
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Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión, dijo a LA PRENSA que los diputados están interesados en conocer “los escenarios” que trabaja el Gobierno para aminorar el impacto en el precio de los alimentos.
Dijo que se respaldará la reforma urgente a la Ley de Equidad Fiscal, en la que trabaja el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), pero que deberán analizar si será sostenible.
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Aclaró que hasta que se alcance un acuerdo final con el Gobierno, se definirán tanto el contingente de leche en polvo a importar, el mercado dónde se comprará, así como las cuotas de asignación a cada planta procesadora del país.
DEPENDE DEL MANEJO
Alfredo Lacayo, gerente general de Centrolac, advirtió que del manejo de las importaciones de leche en polvo depende si el sector productivo se verá afectado o no.
Un mal manejo sería si el Estado realiza la importación y la distribuye a través de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), porque bajaría la demanda del producto nacional y las plantas procesadoras lácteas tendrían que competir con un producto más barato, pero obteniendo materia prima cara, lo cual les pondría “en una posición sumamente precaria, que daña el desarrollo lácteo a corto plazo”.
A criterio de Lacayo, un buen manejo de esta importación sería que se realice a través de las plantas, “garantizando que no va a bajar el precio a los productores, que se importe solo lo que hace falta para suplir las necesidades de demanda… trasladando el ahorro que hay al consumidor y manteniendo el precio estable al productor”.
Por su parte Enrique Zamora, directivo de Parmalat, recordó que no se pueden tomar medidas unilaterales, como ha ocurrido en otros sectores productivos, pues son unos 200 mil productores pecuarios los que se verían afectados por un mal manejo de estas importaciones.
ELIMINAR IMPUESTOS ES MÁS VIABLE
El representante de Cadin dejó claro que la alternativa que más interesa concretar a las plantas lecheras es la revisión de la eliminación o reducción del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La leche es un producto exento del IVA al consumidor final, pero los insumos que usa la industria láctea no son eximidos de ese impuesto, lo cual incide en la estructura de costos de la leche y sus derivados, encareciendo el producto.
Según han dicho representantes del sector, solo el pago del IVA a lo largo de la cadena productiva representa entre un ocho y nueve por ciento en la estructura de costos.
Para los empresarios, si se logra reducir la carga de impuestos habría un efecto real de sostenibilidad a largo plazo en la estructura de costos de las plantas.
Zamora aseguró que “ahí está una parte de la solución” al incremento en los costos de producción. “¿Por qué se manejan los impuestos a la leche saborizada igual como si fuera cigarro, licor, diamantes, si es un producto de primera necesidad?”, cuestionó.
“Las plantas tienen una planilla que pagar, tienen que pagar impuestos municipales, Impuesto sobre la Renta (IR), Seguro Social (INSS), tienen que cumplir con los requerimientos del Ministerio de Salud (Minsa), del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena)… pero hay un montón de gente que trabaja al margen de la parte legal, que son los que manejan el 75 por ciento de la producción. ¿Entonces, dónde está el problema, en la industria o las plantas artesanales?”, agregó.
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