Ramón H. Potosme
Estos gobiernos funcionan actualmente, pero carecen de recursos y base jurídica para proteger los recursos naturales y llevar el desarrollo a sus comunidades.
“Estos territorios necesitan dar protección. Hay mucha invasión, destrucción de los ecosistemas, saqueos de los recursos naturales. Y el Estado debe comprometerse como contraparte de los pueblos indígenas a respaldar, también a las del Pacífico, Centro y Norte”, señaló.
[/doap_box][doap_box title=”Lo que dice la sentencia de la CIDH” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
La sentencia señala: “El Estado debe reformar la regulación de los requisitos dispuestos en la Ley Electoral No. 331 de 2000 declarados violatorios de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas puedan participar en los procesos electorales del país en forma efectiva y tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres.
Este año, el Estado de Nicaragua debe enviar un informe a Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Convenio 169 que incluye la actualización del sistema jurídico.
[/doap_box]
Es una vieja propuesta del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) y tiene dos grandes consecuencias: la desaparición del municipio en los pueblos que hoy poseen matriz indígena y la elección de autoridades de acuerdo a los usos y costumbres y no a través de partidos políticos.
El presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos y Regímenes Autonómicos, Brooklyn Rivera, señaló que este año discutirán reformas a la Ley Electoral y la Ley 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”.
Según Rivera, las reformas están encaminadas a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó al Estado de Nicaragua reformar la Ley Electoral para dar espacio a las comunidades indígenas a que elijan sus autoridades de acuerdo con su cosmovisión.
Rivera considera que el sistema electoral de partidos políticos en el Caribe es violatorio a los derechos de los pueblos indígenas y que Nicaragua tiene que cumplir con ese compromiso de la sentencia.
Adicional a la sentencia, según el legislador, está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales que aboga por el respeto de sus derechos.
No tiene sentido figura de alcalde
Con la reforma en municipios como Waspam, Puerto Cabezas, Prinzapolka y la Desembocadura del Río Grande, desaparecería la municipalidad y la figura del alcalde.
“No tienen sentido, recordemos que esta figura de alcalde vino en tiempos de la colonia y se impuso en los territorios y afectó los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué hacen los municipios? Se apropian de los recursos naturales de la comunidad y también usurpan todos los derechos, imponen autoridades, no contribuyen en nada, más bien son obstáculos enormes a los derechos de los pueblos y su desarrollo, entonces deben desparecer estos municipios”, explicó Rivera.
Al respecto el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Francisco Jaime Duarte, se mostró sorprendido y consideró la propuesta como absurda. Según él, viola los derechos democráticos porque no asume la realidad que la mayoría de la población del Caribe es mestiza.
Consideró que se debe procurar la participación de las comunidades indígenas, pero sin la exclusión de la mayoría ladina.
“Habría que evaluar la proporcionalidad de los mestizos en todos los municipios. Ver la Ley de Municipios. Lo miro absurdo porque hablamos de municipios y Consejos Regionales bien conformados, la Conadetti (Comisión Nacional y Demarcación y Titulación Territorial) vendría a romper todos esos esquemas”, señaló Duarte.
Según Rivera, las reformas cambiarían el parlamento regional porque las autoridades serían los electos de acuerdo a la tradición en los 22 territorios indígenas del Caribe.
“Las reformas a la Ley de Autonomía apuntan al ámbito de los territorios y ya no sería región sino pueblos indígenas y afrodescendientes en el norte, el sur y Jinotega, es ahí donde se implementaría la autonomía bajo 22 territorios que sumarían 35 mil kilómetros cuadrados”, explicó Rivera.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
