JOSÉ ADÁN SILVA
Dos fraudes electorales consecutivos, el autoritarismo como política oficial de Estado y el retroceso en materia de libertades públicas, son —entre otros— los aportes del gobierno de Daniel Ortega a la crisis regional que asola al istmo, según un informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica 2010-2011.
Marling Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó a LA PRENSA que el citado informe fue elaborado con el apoyo de diez organizaciones defensoras de derechos humanos de Centroamérica y recogió la situación singular de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, para elaborar finalmente un informe plural de región.
De acuerdo a la funcionaria del Cenidh, a la crisis general de gobernabilidad de la región se suma el deterioro de los procesos de democratización que, pese a los traumáticos procesos de guerra en la zona, se venían dando en Centroamérica.
“La progresiva debilitación de los derechos humanos y el avanzado nivel de organización estatal para fortalecer el rompimiento del orden constitucional, ya sea por golpes de Estado manu militari, golpes de Estado vía legislación o manipulación de leyes y fraudes electorales como los denunciados en Nicaragua, han ahondado un estado favorable para la instauración de nuevos regímenes dictatoriales”, observó Sierra.
Algunos de los aspectos ocurridos en Nicaragua y que aportan a la situación general de la región, según el informe citado, son la manipulación de lo establecido en la Constitución Política, la partidarización e instrumentalización al servicio del partido oficial de instancia gubernamentales y poderes del Estado, entre otros.
A ello se suma, de acuerdo al informe, el nombramiento de funcionarios afines al partido de poder omitiendo los procedimientos legales, el clientelismo político, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias e ilegales de activistas sociales, sindicales y gremiales, o la retardación de justicia de quienes sufren agresiones y violaciones a sus derechos por grupos de poder político o instituciones públicas como ejércitos y policías.
El Cenidh reportó en ese informe que en Nicaragua se dieron reformas legislativas de hecho para garantizar contra ley expresa, el continuismo en el poder, así como usufructo de recursos y bienes públicos sin fiscalización, sin transparencia y a beneficio de grupos de poder vinculados al poder político, entre otras cosas.
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