Guatemala/ACAN-EFE
El expresidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004) pidió hoy a la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de este país, anular el fallo que autoriza su extradición a los Estados Unidos, donde es requerido para ser juzgado por lavado de dinero.
Portillo, quien guarda prisión en un cuartel militar desde hace dos años, dijo a los magistrados de la CC que la Justicia estadounidense no ha garantizado el respeto de sus derechos humanos en su procesamiento, por lo que su seguridad estaría en peligro.
En noviembre pasado, el entonces presidente Álvaro Colom ratificó la decisión de la CC que autoriza la extradición de Portillo a los Estados Unidos, al considerar que no podía oponerse a los fallos de las diferentes instancias judiciales que apoyaron su envío a EE.UU.
Según la legislación local, es el presidente del país el que en última instancia debe autorizar o denegar las peticiones de extradición de guatemaltecos a otro país aprobadas por la Justicia.
El exgobernante dijo que Colom “abuso de su poder” al ratificar su extradición, porque no se aseguró de que la Justicia estadounidense tomará medidas concretas que garanticen su seguridad y el respeto de sus derechos al ser trasladado a ese país. “Se violaron mis derechos, hubo abuso de poder de Colom porque actúo de forma inconstitucional” al autorizar la extradición, argumentó Portillo.
El fallo en la que CC autorizó la extradición de Portillo a los Estados Unidos, emitido en agosto de 2011, establece que por su calidad de exjefe de Estado de Guatemala, se debe garantizar su seguridad y que no sea recluido junto a reos de alta peligrosidad.
Tras escuchar las peticiones de Portillo, los magistrados de la CC deliberarán sobre si dejan en firme su extradición, con lo cual el expresidente podría ser trasladado a Estados Unidos en los próximos días, o dejan en suspenso la decisión de Colom.
Portillo es requerido por una corte de Nueva York que lo acusa de haber utilizado el sistema bancario de los Estados Unidos para lavar más de 70 millones de dólares supuestamente sustraídos de forma fraudulenta de las arcas del Estado guatemalteco durante su mandato.
