Ramón H. Potosme
El diputado aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Agustín Jarquín Anaya consideró que una reforma de fondo al Consejo Supremo Electoral (CSE) no es viable sino hasta después de las elecciones municipales de noviembre próximo.
Según Jarquín, el contexto electoral no es propicio, pero llamó a procurar el consenso con la bancada opositora.
Al respecto, el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, evitó profundizar, solo dijo que estaban trabajando y esperaban a otras bancadas en busca de consenso, pero que priorizaban otros temas como el Código de la Familia y la ley para simplificar la titulación de los abogados.
Por su lado el diputado Eliseo Núñez Morales, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), dijo que la solución al problema es negociar de inmediato y elegir de consenso, porque el CSE tal como está no es viable para dirigir las municipales.
Núñez Morales manifestó que ellos aspiran a un ajuste en el procedimiento de las elecciones y no precisamente reformas a la Ley Electoral.
“Lo que hablamos es de la posibilidad de reglamentar lo que es el derecho sustantivo contenido en la Ley Electoral y crear derecho positivo, si hay voluntad política se puede hacer con una ley ordinaria”, señaló Núñez Morales.
El legislador liberal dijo que han comunicado al FSLN que están listos para discutir la elección de funcionarios públicos y para ellos llevan sus propuestas, pero que no han recibido una respuesta contundente del oficialismo. Asegura que paralelo a ello han iniciado un proceso de consulta con diferentes organizaciones y la continuarán la próxima semana. Según él, la propuesta no será únicamente del Partido Liberal Independiente (PLI) sino de distintas voces de la sociedad.
Núñez Morales considera que un arreglo con el FSLN se diferenciaría del pacto que sostuvo con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), porque no elegirían bajo un sistema de cuotas , sino en base a la calidad de las propuestas de los candidatos a ostentar cargos públicos en un proceso transparente y porque sus votos estarán a la disposición de otros sectores de la sociedad y no únicamente del PLI.
Al respecto coincidió Jarquín, quien señaló que la aspiración de ellos como aliados del FSLN es que la elección de funcionarios sea en base a calidades profesionales y personales, para que respondan a la Constitución, las leyes y a su conciencia y no a un lineamiento partidario. Según él, debe superarse el pacto del 2000 entre el FSLN y el PLC que estableció un manejo bipartidista de las instituciones, principalmente del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
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