Pedro Pablo Suárez, uno de los abogados defensores de los acusados en el “caso Coperna”, señaló en sus alegatos finales que “fue una irresponsabilidad, una imprudencia y una negligencia” del jefe de la Policía Nacional comisionado Mayor Otilio Duarte ordenar el desalojo de la vía cuando él sabía perfectamente que habían personas armadas.
Doce pobladores de Coperna, Siuna, fueron acusados y absueltos ayer de los delitos de obstrucción de justicia, homicidio en grado de frustración y lesiones en contra de siete policías, hechos que se produjeron el pasado 8 de noviembre cuando el jefe policial comisionado Mayor Otilio Duarte ordenó desalojar la vía donde habían más de 150 simpatizantes del PLI que protestaban contra el fraude electoral.
Los 12 comunitarios fueron detenidos por fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua el día 9 de noviembre en la casa de habitación de cada uno en la comunidad de Coperna y llevados a la Policía de Siuna donde guardaron prisión por dos meses y cinco días.
Una declaración que fue presentada en el juicio daba cuenta que el jefe policial informó a medios locales que en la protesta habían personas ligadas a grupos delincuenciales conocidos como el “Gallo Rojo” y “El Alacrán”, quienes estaban armados, y aún teniendo esa información ordenó el desalojo por la fuerza poniendo de carnada a sus oficiales.
Los testigos claves de la fiscalía Juana Marín Martínez y Eulalio Acuña Siles también señalaron a otras personas que no identificaron y afirmaron que un grupo de 50 personas iban huyendo después del enfrentamiento con la Policía en Coperna, cuando mataron a al dirigente sandinista Ronaldo Martínez Herrera.
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