El comunicado de la secretaria de Estado del Gobierno de Estados Unidos, la Sra. Hilary Clinton, ha producido en Nicaragua una serie de opiniones e interpretaciones y suscitado numerosos puntos de vista e incertidumbre en cuanto al destino de la política crediticia y la cooperación internacional para nuestro país. La afirmación de que Nicaragua sería sometida a un severo escrutinio determinaría, según los resultados del mismo, la posibilidad de ser incluida en el “waiver” y en la futura cooperación internacional proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que naturalmente genera las inquietudes a las que hemos hecho referencia.
Las elecciones de noviembre del año pasado, cuyas irregularidades y falta de transparencia han sido señaladas en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y en el informe preliminar de la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea (UE) han venido confirmando la percepción del debilitamiento progresivo del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en nuestro país, sobre todo si tomamos en consideración que esta percepción de deterioro significativo de la institucionalidad no se limita exclusivamente al caso de las elecciones de noviembre del 2011, aunque quizás en este momento sea ese el hecho más relevante, sino que además incluye otros, como los resultados de las elecciones municipales del 2008, el cuestionamiento de inconstitucionalidad a la candidatura y ahora presidencia de Daniel Ortega, la violación reiterada de la Constitución y del sistema legal por parte del ejecutivo y otros poderes y órganos del Estado, y la seria crítica a la actuación del Consejo Supremo Electoral, la que adquiere mayor importancia ante las elecciones municipales que deben realizarse en noviembre de este año.
Estas actitudes que han devaluado la gobernabilidad democrática y que han venido transformando los abusos en uso y la excepción en regla general y en costumbre, han producido también como consecuencia una reacción en la cooperación internacional, la que, paulatinamente, desde el 2008 a la fecha ha venido configurando lo que a estas alturas podría considerarse una tendencia.
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La exclusión de Nicaragua de la iniciativa HIPC y de la Cuenta Reto del Milenio, así como el retiro de algunas misiones diplomáticas, y más recientemente la reducción de la cooperación alemana, y las declaraciones de la secretaria de Estado del Gobierno de Estados Unidos permiten reconstruir retrospectivamente lo que constituye una línea de acción frente a las reiteradas transgresiones al Estado de Derecho y a la gobernabilidad democrática, determinada esta última por el ejercicio del poder subordinado a las normas constitucionales y legales y por el respeto a la voluntad ciudadana expresada en los comicios electorales.
En este contexto se reafirma el hecho de que la cooperación internacional tiene como condición ineludible la necesaria existencia de un sistema democrático basado en la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país al que esa cooperación va dirigida.
Más que la observación de los requisitos técnicos, económicos y financieros orientados a garantizar el comportamiento de la macroeconomía, cumplidos de manera satisfactoria por Nicaragua, y que sin duda son también indispensables, en este caso lo que ha provocado las reacciones a las que nos estamos refiriendo, han sido situaciones de carácter jurídico, político e institucional.
No existe pues para estos efectos una separación entre lo económico y lo político, por lo que no se debe hacer una división entre uno y otro, pues ambos, como se puede comprobar, están unidos de forma indisociable. El sistema jurídico y político es lo que permite configurar una agrupación de sujetos en una verdadera sociedad, cuya organización institucional hace posible la existencia del Estado y el establecimiento de sus fines y objetivos de respeto a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La seguridad jurídica y la certeza de los valores y principios democráticos son la condición que permite que la cooperación internacional sea posible.
En el plano interno convendría recordar a los sectores económicos y empresariales, que además de esta valoración de la cooperación y la inversión en las relaciones internacionales, a nivel nacional no se puede ni se debe pensar que mientras se garanticen las condiciones mínimas del funcionamiento económico, el resto, es decir, la legalidad, la legitimidad y el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, no tiene mayor importancia.
Ante ese criterio, convendría recordar que las mayores crisis en nuestro país no han sido producidas por deterioros significativos al funcionamiento de la economía y de los intereses de los principales sectores económicos, sino que se han dado por la reivindicación de los derechos fundamentales, y que los grandes cambios han ocurrido en momentos en los que las tasas de crecimiento eran las más altas.
Es claro que la búsqueda de estabilidad y desarrollo es responsabilidad de todos, del Gobierno, quien tiene la obligación de conducir al país dentro del respeto a la legalidad, el Estado de Derecho y la democracia; de la ciudadanía que debe a través de los diferentes sectores que la componen estar atenta y activa y participar en la tutela y reivindicación de los derechos fundamentales de la persona, los grupos sociales y la sociedad toda; y de la oposición, que tiene la obligación de formular una estrategia integral.
Sobre este último punto pienso que mientras la oposición no tenga esa estrategia, su actuación en el parlamento con 26 diputados frente a 63 del Gobierno, con posibilidad de llegar a 65, será dispersa e incoherente, por lo que resulta imprescindible la elaboración de esa estrategia de acuerdo con los sectores organizados de la sociedad civil, ante los cuales debería responder de su actuación como un primer paso para restablecer el nexo entre los representantes electos y la ciudadanía.
Creo que se debería tratar de estructurar en esa forma y a partir de los ejes institucionales, sociales y económicos, un plan que sirva de base no solo a la actuación parlamentaria de la oposición, sino a la construcción de un verdadero proyecto de nación, basado en la recuperación de la legalidad, la legitimidad y el Estado de Derecho y en la integración de la libertad y la justicia social en una unidad complementaria, como condiciones todas de una auténtica gobernabilidad democrática. Jurista, filósofo y escritor nicaragüense
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