Por Juan José Rodríguez
PANAMÁ/AFP
El gobierno y los indígenas panameños que se oponen a la minería y a las hidroeléctricas en sus territorios mantenían este lunes sus posturas enfrentadas, mientras persiste la tensión tras siete días de protestas que ya dejaron un muerto y decenas de heridos y detenidos.
El canciller panameño, Roberto Henríquez, afirmó que personas designadas por el presidente Ricardo Martinelli están buscando una “comunicación directa” con los dirigentes indígenas para “sentarnos a dialogar”.
Los indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé, la mayor de Panamá, plantean que para empezar a dialogar debe cesar “la represión” contra los manifestantes, anunció por su parte el dirigente del movimiento, Rogelio Montezuma.
El domingo, una persona murió, 40 indígenas y seis policías resultaron heridos y 44 manifestantes (10 menores de edad) fueron detenidos tras los violentos enfrentamientos entre indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé y la Policía.
Los disturbios ocurrieron cuando los agentes reabrieron a la fuerza las vías que los nativos tenían cerradas desde hacía seis días, entre ellas la interamericana que une a Panamá con Costa Rica, sobre todo en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro (oeste).
El líder indígena afirmó que para dialogar es necesario “el retiro de la Policía del área de conflicto”, “la liberación inmediata de los detenidos”, “la atención médica urgente a los heridos” y “apoyo a los familiares” del indígena que murió.
Algunas organizaciones señalan que los enfrentamientos habrían dejado dos muertos, lo cual aún no ha sido confirmado, aunque el canciller dijo no descartarlo.
En una reunión con diplomáticos acreditados en Panamá, Henríquez describió la situación actual como “tensa” y advirtió que no se entablaría el diálogo si persisten “actos de fuerza” por parte de los indígenas, como el bloqueo de vías.
Las protestas se extendieron este lunes a varias zonas, continuaron pequeños bloqueos en algunas vías y enfrentamientos entre la Policía y los indígenas, sindicalistas y otros sectores que los apoyan, que dejaron este lunes otra decena de detenidos.
La etnia Ngöbe Buglé inició el 30 de enero las protestas para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas.
La “diferencia con grupos indígenas no es sobre minería. En eso estamos de acuerdo. La diferencia es que no quieren que haya hidroeléctricas”, dijo Martinelli, quien argumenta que no puede prohibirlas porque supondría un sobrecosto de 200 millones de dólares para suplir la demanda energética.
“Respeten los derechos de la Madre Tierra y los recursos hídricos. ¿Quién causa el cambio climático? No es el pueblo panameño, son las trasnacionales a las que sólo les interesan los millones”, dijo la líder indígena Silvia Carrera, quien llamó al gobierno “prepotente” por no dialogar y mandar a la Policía a “matar gente humilde”.
“Estamos esperando de parte de ellos la confirmación de la invitación que le ha hecho el gobierno para sentarnos a conversar”, dijo a la AFP el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega.
Los bloqueos de la semana pasada dejaron varadas a cientos de personas, entre ellas turistas, principalmente de Costa Rica, y ya empezaban a provocar desabastecimiento de alimentos en la capital y otras zonas.
Las pérdidas económicas fueron millonarias.
Los indígenas solicitan que la Iglesia Evangélica, la ONU y el rector de la Universidad de Panamá sean observadores de un diálogo, y que la Iglesia Católica sea la mediadora.
Kim Bolduc, representante del sistema de Naciones Unidas en Panamá, propuso al gobierno este lunes una “mesa permanente de diálogo” con los indígenas para tratar diferentes temas que eviten futuros conflictos.
