En Nicaragua, la justicia ha sido siempre —o casi siempre— un ideal más que una realidad, una aspiración más que una institución efectiva y confiable.
La historia de la administración judicial en Nicaragua está llena de injusticias, de expedientes de delincuentes reconocidos y poderosos a quienes por su prominencia política se les protege con la impunidad, mientras innumerables víctimas quedan en la indefensión y la frustración.
Cuando se piense y se hable de la justicia en Nicaragua, hay que tener presente que la situación histórica de injusticia institucional fue empeorada gravemente por el pacto del FSLN con el PLC y personalmente de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, mediante el cual el poder judicial fue repartido en cuotas partidistas —igual que las demás instituciones del Estado— y la administración de justicia fue politizada y pervertida. De esa manera se frustró el proceso de institucionalización profesional del poder judicial, el cual mal que bien venía avanzando en el curso de la transición democrática iniciada en 1990 por el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
Pero la degradación del poder judicial empeoró aún más a partir de enero de 2007, cuando Daniel Ortega volvió a asumir la Presidencia de Nicaragua y comenzó el turbio proceso que el orteguismo ha llamado la “restitución de sus derechos”. Desde entonces el poder judicial y en general todos los poderes del Estado han sido concentrados por el titular del Ejecutivo, y la administración de justicia, que como dicen juristas democráticos es el ámbito del interés público donde comienzan y terminan todos los grandes problemas de Nicaragua, fue sometida a la voluntad de Daniel Ortega.
En estas circunstancias, no se podía esperar mucho del juicio que se siguió la semana pasada a los seis acusados por el asesinato de tres campesinos pertenecientes a una misma familia simpatizante de la opositora Alianza PLI, crimen que fue cometido el 8 de noviembre del año pasado, dos días después de las elecciones fraudulentas del 6 de noviembre, en la comarca El Carrizo, municipio de San José de Cusmapa, departamento de Madriz. Tratándose de un crimen político ejecutado por funcionarios del partido oficialista, del órgano electoral del Estado y de la fuerza policial, lo que se podía esperar era que los asesinos fueran declarados inocentes y dejados en libertad.
Pero no ocurrió así, ya fuera porque el fiscal y el juez que han llevado la causa son profesionales honorables; o porque la culpabilidad de los criminales era tan evidente que resultaba imposible negar y ni siquiera atenuar su crimen; o porque se está aparentando justicia y después los condenados serán puestos en libertad con cualquier pretexto, como hicieron con el asesino del periodista sandinista disidente Carlos José Guadamuz. Sin embargo, a pesar de que tres de los acusados resultaron absueltos el crimen fue comprobado y los autores principales declarados culpables y serán sentencias por el juez correspondiente.
Ahora habrá que ver si la pena que se impondrá a los asesinos será correlativa a la magnitud del delito y si pagarán realmente por el crimen que cometieron.
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