Por Marvin Pichardo
Después de haber transcurrido más de dos décadas de reformas económicas, políticas y sociales en América Latina, las cuales iniciaron con las reformas implementadas según los términos del denominado Consenso de Washington en los primeros años del decenio de los noventa ha quedado evidenciado que el diseño, adopción, implementación y ejecución de políticas públicas con recetas universales no son suficientes para lograr los objetivos y metas del desarrollo, ya que estas fueron implementadas sin tomar en cuenta el contexto institucional, político, económico, social y cultural de cada país, es decir, su heterogeneidad estructural.
Los jugadores clave, el papel que desempeñan, las preferencias y los incentivos, las características de los escenarios en los que interactúan, el entorno socioeconómico, y la naturaleza de las transacciones en las que se involucran, a pesar de que tienen elementos en común, varían de manera significativa en cada país y tienen una profunda incidencia en el éxito o fracaso del Proceso de Formulación de Políticas (PFP), ayudan además a explicar la variedad de experiencia de políticas públicas diseñadas, adoptadas e implementadas recientemente en los países de la región latinoamericana, las que han conllevado a efectuar reformas estructurales integrales y/o graduales que han afectado positiva o negativamente al objetivo final que va dirigida toda política pública: la población.
El diseño, adopción, implementación y ejecución de políticas públicas incluye una variedad de actores —presidente de la República, partidos políticos, las legislaturas (actores directos), medios de comunicación, universidades, think tanks, sindicatos, iglesias, grupos empresariales y otros miembros de la sociedad civil (actores indirectos)— que interactúan estratégicamente en diferentes escenarios formales e informales: el nivel ejecutivo o legislativo (escenario formal) y las calles (escenario informal).
El PFP públicas eficiente es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico, político, cultural y ambiental de los países, en especial aquellos en procesos de desarrollo como Nicaragua.
Es de suma trascendencia que los actuales y futuros actores directos e indirectos del PFP en el escenario nicaragüense —y esencialmente los principales protagonistas— se coordinen e interactúen estratégicamente con coherencia entre sí para crear un entorno favorable al diseño, adopción, implementación y ejecución eficiente y eficaz de políticas públicas, y no propiciar entornos institucionales de corto plazo que favorezcan intereses particulares, por encima de procurar el bien general, en vista que, en la medida en que las políticas públicas se corresponden con políticas afines y son consecuencia de medidas bien coordinadas entre los actores políticos que participan en su diseño e implementación, se está cumpliendo a cabalidad con una de las características esenciales del PFP como es la coherencia y coordinación.
En ese sentido, en Nicaragua como en la mayoría de los países de la región, el presidente es el que suele tomar el control y liderazgo para definir y aplicar su programa de políticas —por lo cual resulta obvio pensar en el papel medular y preponderante que juega este actor en el proceso de diseño, adopción y puesta en práctica de una política pública— por ende, el presidente de la república y todo su equipo de trabajo deberían de tener la capacidad política necesaria y actuar con la responsabilidad debida para analizar y concentrarse en todos aquellos factores que limitan, posibilitan y motivan sus acciones estratégicas y toma de decisiones que hacen posible un eficaz y eficiente PFP. Ese debería ser uno de los retos del nivel ejecutivo de Nicaragua.
El autor es Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile.
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