Ambición por la tierra ajena

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Martha Vásquez

Doña Elena Cuadra tiene 43 años de vivir en el barrio Jonathan González. Hace tres meses su paz y tranquilidad fueron sustituidas por zozobra y temor, al ser acosada por autoridades de la Alcaldía de Managua para que desaloje su propiedad, porque está contigua al terreno donde se construirá el nuevo Hospital Militar.

Según denuncia doña Elena, para presionarla a vender, los agentes del Estado han orientado a los trabajadores del proyecto construir un muro frente a su entrada principal y por más que ha demostrado sus documentos de legalidad, en la Alcaldía le dicen que no tiene otra salida que vender.

Esta es una muestra de que los conflictos por propiedad en Nicaragua, lejos de resolverse a como se tenía planificado en 1995, con la aprobación de la Ley de Estabilidad de la Propiedad y la implementación de proyectos para ordenar el sistema de administración de tierra, se multiplican como hongos a nivel nacional.

PAÍS VA PARA ATRÁS...

• Propuesta de Funides

  Debe crearse un sistema de titulación eficiente y de bajo costo que incentive al poseedor a inscribir su propiedad.
  
  Reducir el número de instituciones que participan en el sistema de administración de tierras. Actualmente tienen competencia sobre el tema de la propiedad 21 organismos del Estado, provocando burocracia y retardo.
  
  Para el catedrático e investigador Sergio Cuarezma Terán, en asuntos de propiedad no basta una escritura o título impreso de propiedad para garantizar su seguridad jurídica, se necesita credibilidad y legitimidad del Estado y que su orden jurídico garantice el valor de la propiedad descrito en el papel y el registro de la propiedad.
  
  Nicaragua ha invertido US$82.5 millones en el sistema de ordenamiento de la propiedad desde hace más de diez años y pese a que la PGR ha anunciado que se avanza, las quejas siguen saliendo.

Como consecuencia de la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, Nicaragua ha retrocedido su posición en la percepción de hacer negocio, según informes internacionales realizados el año pasado. Esta situación deja al país en desventaja para atraer inversión y reducir las brechas de pobreza.

El informe titulado “Índice de Libertad Económica”, elaborado por The Heritage Foundation, institución educativa y de investigación que promueve políticas públicas basadas en la libre empresa y gobernabilidad, Nicaragua retrocedió 13 puntos en 2012 en el ranking internacional de “libertades económicas”.

El año pasado Nicaragua estaba en el puesto 98 y ahora ocupa la posición 101, con puntuación de 57.9, de 184 países analizados, quedando entre las economías mayormente controladas.

Según el estudio, los parámetros que se evalúan para calificar y clasificar la libertad económica de cada país, son: Estado de Derecho, respeto de las leyes de cada país, intervención del Gobierno, eficacia reguladora y apertura de los mercados.

Además, según el estudio, el sistema judicial no tiene capacidad para defender los derechos de propiedad de manera efectiva y los contratos no siempre son seguros, lo cual contribuyó al deterioro de la libertad económica del país.

“El registro de títulos de tierra es ineficaz y muchos casos de expropiación de hace muchos años permanecen sin resolverse”, agrega el informe difundido por The Wall Street Journal.

CAUSAS

Mientras la percepción a nivel internacional sobre la seguridad jurídica de la propiedad va en retroceso, en Nicaragua se realizó otro estudio titulado “Mercado de Tierras y Seguridad en su Tenencia” , elaborado por en 2011 por Horacio J. Rose y difundido por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), donde identifican las principales causas de los conflictos de propiedad en Nicaragua.

Los principales problemas identificados son el doble registro de la propiedad, archivos de registros y catastro desactualizados, 80 por ciento de la tierra sin catastrar y, por lo tanto, sin referencia segura del sitio donde se encuentra una propiedad.

Como resultado de esto, una de cada dos propiedades en Nicaragua no puede ser vendida o hipotecada sin alterar derechos de terceros.

Eso implica que casi el 40 por ciento de toda la tierra puede ser afectada por demandas de reclamos.

En el contexto de este desorden, surgen personas inescrupulosas que toman propiedades a la fuerza y eso incluye en los últimos años al gobierno del presidente Daniel Ortega, el cual ha sido el principal protagonista de invasiones a propiedades privadas, negocios, terrenos públicos, playas y tierras de gran valor económico y estratégico, sin dar explicaciones a nadie, amparado en el poder y el manejo de las instituciones.

Tal es el caso de inversiones Panica SA, grupo económico que en diciembre pasado denunció que una propiedad de 17 manzanas, que reclama como suya, fue tomada por autoridades de la Alcaldía de Managua por orientaciones de la Procuraduría General de la República con apoyo de la Policía

Según Roberto Argüello Hurtado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, esas acciones “completamente arbitrarias” traen como consecuencia el temor, la inseguridad, porque no hay garantía que la propiedad está protegida y el hecho de tomar por la fuerza jurídica y política acrecienta el temor de nuevas confiscaciones por la vía de hecho.

PGR COMO ABOGADO DEL PARTIDO

“La PGR sin forma jurídica se apropia de grandes propiedades, sin indemnizar y sin declararla de utilidad pública, lo cual constituye confiscaciones que están prohibidas por la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 44”, dijo Argüello, quien lleva el caso de la familia Martínez, cuya propiedad de 146 manzanas en La Chureca fue expropiada para un proyecto social sin la voluntad de los propietarios.

Para Óscar Castillo, experto en derecho constitucional, mientras la PGR no dé explicaciones claras sobre estas invasiones de propiedad, lo que se ve y siente en la población es que hay intereses de gente en el Gobierno o el partido de gobierno de adueñarse de bienes o propiedades “que quizás le son estratégicamente buenas y rentables para negocios particulares”.

“La PGR debe aclarar a la población las acciones y recordar las disposiciones que señala la Constitución en su artículo 44: no confiscación”, dijo.

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