Cualquier iniciativa que pueda limitar las funciones o labores de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión o cambio de distribución de los recursos que pueda significar una reducción a los correspondientes a esa relatoría no será acompañada por esta delegación. Tal fue la advertencia del embajador de Uruguay en la reunión que celebró hace dos semanas el Consejo Permanente de la OEA para aprobar un documento con recomendaciones, para modificar el funcionamiento de la Relatoría con el objetivo de (qué menos) “fortalecer la transparencia y el rigor jurídico del sistema interamericano de derechos humanos”.
El diplomático al igual que algunos otros colegas parecen haber removido algunas piedras donde apareció mas de un cangrejo escondido. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa han denunciado que tras esta carátula de la reestructura lo que se pretende es quitarle efectividad, independencia y, en concreto, capacidad de acción a la Relatoría y a la vez a otras oficinas que se ocupan de los derechos humanos en la organización.
¿Será tan así? Veamos: las reformas referidas a presupuesto y capacidad de las Relatorías de la OEA fueron promovidas por un grupo de trabajo creado por los gobiernos de Ecuador y Venezuela. No hay que indagar más. Una iniciativa de Hugo Chávez y Rafael Correa; a confesión de parte, relevo de prueba. Los dos están en contra de la Corte Interamericana, los dos repudian a los relatores. En su tiempo Chávez se dio el lujo de mantener retenido en el aeropuerto al entonces relator Santiago Cantón. Correa no soporta que la actual relatora, la colombiana Catalina Botero, de impecable gestión, informe lo que sucede en Ecuador en materia de violaciones de la libertad de expresión. Nadie debe esperar de ellos nada a favor de la libertad de prensa y de la defensa de los derechos humanos, basta ver lo que ocurre en los países que mandan. Sería como creer que el escorpión que no va a clavar su lanceta al sapo que lo carga en el medio del charco.
Estas “recomendaciones” serán consideradas por la Asamblea de la OEA que se reunirá en junio en Bolivia. Como seguramente son aun más los que están por la libertad y no prosperarán. Pero, cuidado.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA fue una iniciativa gestada en 1997 y puesta ya en marcha en 1998 y representó un acto concreto de reafirmación de la democracia en el continente. Con su creación se aseguraba un control imparcial, autónomo de la vigencia de la libertad de expresión, sin cuya existencia hablar de democracia es solo una falacia.
Fue el resultado del esfuerzo de algunos diplomáticos que aún hoy actúan, de funcionarios internacionales que están ahí o por ahí e importan y de muchas organizaciones sociales que reunidas en Guatemala a fines de julio y principios de agosto de 1997 para encarar el tema del “Asesinato de Periodistas sin Castigo” aprobaron una resolución pidiendo a la OEA que creara una Relatoría para la Libertad de Expresión.
Fue quizás —y sin quizás— el mejor de los logros de la democracia latinoamericana tras las dictaduras militares y además el que han podido mantener hasta ahora pese a los embates del autoritarismo. Sería la mayor de las derrotas perderlo. El autor es periodista uruguayo, director del semanario Búsqueda.
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