El fraude electoral de noviembre pasado constituye una de las mayores bofetadas propinadas a la voluntad popular en la historia de Nicaragua y de Latinoamérica en general. Dicha muestra de anticivismo e ilegalidad acabó con los últimos vestigios de democracia que existían en nuestro país. Ante un entorno internacional marcadamente globalizado y sensible, era de esperarse que diversas naciones de convicciones democráticas decidiesen revisar su política de cooperación hacia nuestro país.
Esto ha generado un debate alrededor de qué medidas son legítimas y deberían tomarse a nivel internacional para combatir el erosionamiento de la democracia en Nicaragua. Estas posibles acciones incluyen revisiones a la política de cooperación, bloqueos económicos, e incluso, iniciativas armadas. Evidentemente, esta última opción es prematura, ya que en nuestro país no existe un ambiente de guerra civil, ni este representa una amenaza mayor para otras naciones.
Por otro lado, la historia ha demostrado que los embargos económicos hacia naciones hostiles o antidemocráticas raramente resultan en la caída de dichos regímenes. Los casos de Corea del Norte y Cuba saltan a la vista. Más bien en algunos casos, como los de la misma Cuba y Nicaragua, estas sanciones han victimizado a dichos países, lo que en su momento inspiró mayor apoyo por parte de otras naciones.
El tema de la cooperación económica es diferente ya que trastoca los principios morales e ideológicos que profesa un país. Si una nación considera que la democracia es la única forma viable y legítima de gobierno, sería contradictorio que apoyase a regímenes que violentan los derechos y atribuciones democráticas de sus ciudadanos. Es por eso que distintas naciones han decidido revisar su cooperación hacia nuestro país. Por ejemplo, recientemente la Unión Europea expresó su intención de redestinar los fondos aportados a gobiernos totalitarios como el de Nicaragua, de manera que estos pasen a entidades civiles dedicadas a la lucha por la democracia
Naturalmente, algunos difieren de esta visión y emiten críticas que van desde denuncias de injerencismo hasta invocaciones de compasión hacia el pueblo, “que es el principal afectado”. Primeramente, difícilmente se puede llamar injerencismo a que un gobierno modifique su cooperación económica a otro, ya que esta es voluntaria y discrecional. Segundo, disiento del argumento de que el pueblo pierde más con dichas revisiones que sin ellas.
Nuestra historia ha demostrado que el mayor obstáculo para nuestro desarrollo ha sido el sostenimiento de un sistema político fallido, plagado de corrupción y totalitarismo. Si la comunidad internacional apoyase un modelo dictatorial en Nicaragua, sería más difícil librarnos de la pobreza, el desempleo, la falta de educación, y por ende, competitividad, que limitan nuestro progreso.
El pueblo sufriría más con un oxigenamiento internacional al régimen actual, ya que este no está interesado en el desarrollo socioeconómico, y más bien apuesta a la dependencia y al empobrecimiento, practicando un populismo “miope”, que permite el enriquecimiento de una cúpula, mientras priva a nuestros jóvenes del derecho a una educación de calidad, que nos permita ser competitivos internacionalmente y edificar una sólida clase media.
No obstante, hay esperanza de cambio en Nicaragua. Ortega se ve vulnerable ante la suspensión de la cooperación internacional, la incertidumbre alrededor del bienestar físico y político de Hugo Chávez, más la maldición que pueden resultarle ser el falso populismo, clientelismo y corrupción que ha venido practicando gracias a un flujo de capital que muy pronto podría desvanecerse.
Dicho escenario sería la tormenta perfecta que lo obligaría a entregar el poder a como ya sucedió en 1990. El autor es estudiante del cuarto año de doctorado en Administración de Empresas en la Universidad de Miami.
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