El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso que los gobernantes de los países miembros del Alba (entre ellos el de Nicaragua) no asistan a la sexta Cumbre de las Américas que se realizará los días 11 y 12 de abril próximo en Cartagena de Indias, Colombia, a menos que se invite al dictador comunista de Cuba, Raúl Castro.
Sin duda que esta propuesta de Correa apunta a boicotear la Cumbre de las Américas, en la que participan Estados Unidos y Canadá, pues para tomar parte en ella es indispensable pertenecer a la OEA, y Cuba, aunque desde 2009 fue invitada oficialmente a reincorporarse al organismo hemisférico, no lo ha hecho y más bien sus gobernantes han declarado que no les interesa.
Además, Cuba no llena los requisitos de libertad y democracia que son indispensables para participar en la Cumbre de las Américas, como lo han recordado dos importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos: William Ostick, portavoz del Departamento de Estado para América Latina, quien declaró que “debe haber mejoras significativas en las libertades políticas y la democracia en Cuba antes de que pueda unirse a la Cumbre”; y Mike Hammer, secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos, quien aseguró que “el mensaje a Cuba es que si quiere participar debe entrar en el proceso de la OEA y garantizar algunas de las libertades básicas que se niegan al pueblo cubano, además de enfrentar las preocupaciones sobre libertad de expresión, disidentes políticos y falta de democracia”.
Todo eso es correcto. Pero tampoco el presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, debería ser invitado a la Cumbre de las Américas. Ortega, desde que recuperó el poder presidencial en 2007 y lo convirtió en un poder autocrático y absoluto, ha socavado gravemente las instituciones democráticas del país y, por lo tanto, carece de legitimidad para participar en la Cumbre de las Américas que se supone es o debe ser solo de jefes de Estado y gobierno auténticamente democráticos.
En la Declaración de Quebec, proclamada por la tercera Cumbre de las Américas que se realizó en esa histórica ciudad canadiense en abril de 2001, en la cual se acordó que la OEA redactara y adoptara la Carta Democrática Interamericana que fue aprobada en Perú el 11 de septiembre de ese mismo año, se aprobó también un plan de acción que incluye el compromiso solemne de los Estados hemisféricos de cumplir las normas de gobernabilidad democrática, como la celebración de elecciones limpias y justas, transparencia gubernamental, justicia independiente, irrestricta libertad de información y expresión, vigencia plena de los derechos humanos, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la autonomía municipal.
Es bien sabido que Daniel Ortega ha incumplido tanto la Carta Democrática de la OEA como el Plan de Acción de la Cumbre de Quebec. De manera que aunque Nicaragua pertenezca formalmente a la OEA, Daniel Ortega no reúne los requisitos indispensables para participar en esa Cumbre de gobernantes democráticos, e igual que Raúl Castro tampoco debería ser invitado a asistir.
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