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Dolor e indignación

Los sepelios de los 356 reclusos calcinados en el incendio de la granja prisión de Comayagua comenzaron ayer en varios poblados de Honduras, en medio de llantos y reclamos de justicia.

TEGUCIGALPA/AFP  

Los sepelios de los 356 reclusos calcinados en el incendio de la granja prisión de Comayagua comenzaron ayer en varios poblados de Honduras, en medio de llantos y reclamos de justicia.   

La catástrofe era epicentro de una creciente polémica ante las insistentes denuncias de familiares y sobrevivientes de que las autoridades fueron negligentes y dejaron encerrados a los reclusos.   
Hasta ayer, tres días después del incendio, solamente se habían entregado 15 cadáveres a sus familias, mientras expertos de EE. UU. y otros países ayudaban a investigar qué desató el infierno en una cárcel en la que el 60 por ciento de los presos aún esperaba sentencia.   

“Eso no se puede quedar así porque es un crimen bárbaro”, expresó la anciana Trinidad Varela, mientras velaba a su hijo Edwin Ortega, de 28 años, en el pueblo de Talanga, al noroeste de Tegucigalpa.   
 En la tarde, también en Comayagua, donde está lo que quedó de la prisión, una treintena de personas abrían fosas en el humilde cementerio, a la espera, sin plazo ni esperanzas de la llegada de los primeros cadáveres.   
“No tengo palabras. Se siente dura esta espera, no sabemos cuándo nos van a entregar el cuerpo, pero, de todos modos, ya queda hecha la fosa para que lo enterremos”, dijo Javier Rodríguez, al preparar la tumba donde sepultará a su hermano Melvin.   

OLOR A MUERTE  

En Tegucigalpa, agotadas, dolidas y mantenidas a la distancia por el fuerte olor que sale de la morgue adonde llevaron los cadáveres, cientos de familias esperaban la entrega de los cuerpos.   
 “Me acaban de decir que es difícil que me entreguen a mi hermano porque está muy descompuesto, pero me voy a quedar aquí hasta que me lo den”, manifestó Lindolfo Hernández, de 37 años, a cuyo hermano le faltaban dos meses para cumplir una pena de diez años por violación.   

La agitación crecía en el país por los testimonios y acusaciones de organismos de derechos humanos sobre el papel de custodios y autoridades en la tragedia.   
“Los bomberos llegaron tarde a controlar el incendio, el director del centro penal no estaba en el lugar, los guardias no abrieron las celdas para salvar las vidas (…) y más bien dispararon sus armas”, resumió el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos.   
Por su lado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras manifestó su inquietud por una denuncia de un reo no identificado, que dijo a un medio local que el fuego fue provocado por la Policía para encubrir una fuga planificada.   

El portavoz de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, negó las versiones y dijo que buscan “desprestigiar” a la institución,  cuestionada tras descubrirse que está infiltrada por el crimen organizado.

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