La desesperación, impotencia y dolor crece en los familiares de las víctimas del incendio del penal hondureño en que murieron 358 presos, ante la entrega a cuentagotas de los cadáveres identificados, sin saber, cinco días después de la tragedia, lo que realmente ocurrió.
“Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. Y las cosas materiales se pueden reponer”, dijo el alcalde capitalino Ricardo Álvarez. Los mercados Colón, Álvarez y San Isidro, de Tegucigalpa, quedaron destruidos.
“Aparentemente el fuego se inició en una cocina del mercado Colón y después se extendió a los otros lugares”, dijo el jefe de los bomberos general Wilfredo Rosa. Esos mercados han sido afectados por incendios al menos cuatro veces en los últimos 40 años.
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Otros dos reclusos con graves quemaduras fallecieron ayer en un hospital de Tegucigalpa, con lo que subió a 358 el número de muertos que dejó el terrible incendio ocurrido en la noche del martes a miércoles, en la cárcel de Comayagua, 90 km al norte de la capital.
Apenas 32 cuerpos habían sido identificados hasta la madrugada de este sábado por forenses de Honduras, El Salvador, Chile, México, Guatemala y Perú, a los que se agregarán expertos de Argentina y Venezuela que llegarán al país para colaborar en esa tarea.
A LA ESPERA
“Necesitamos que nos los entreguen, ya no aguantamos estar acá. Incluso nos da miedo que nos entreguen los ataúdes sin cuerpo, estamos esperando, esperando y nada”, declaró María del Carmen Flores, quien espera el cuerpo de su hermano Jorge.
Unos 1,000 familiares de todos los rincones del país se aglomeran en albergues y a unos 200 metros de la morgue de Tegucigalpa, adonde fueron llevados todos los cadáveres, pidiendo que les entreguen los cuerpos para llevarlos a sus pueblos y sepultarlos. “Llevamos cuatro días aquí, pero no me lo han dado, mi marido murió intoxicado por el humo, debería de ser fácil de identificar, pero no me lo han dado”, lamentó Delmi Matute.
“Estamos esperando y no aparece en ningún listado, ni entre los muertos ni entre los vivos. No sabemos qué hacer, nos mandan de un lado para otro”, expresó en un albergue Fausto López, de 70 años, quien busca a su hermano Pascual, de 53, sentenciado por homicidio.
Bajo carpas instaladas en las afueras de la morgue, médicos forenses toman muestras de sangre a los familiares de las víctimas calcinadas, para realizarles exámenes de ADN.
“Hay cuerpos que solo se pueden identificar con el examen de ADN”, explicó la forense Antonieta Zúniga al precisar que muchos cadáveres están carbonizados.
Los primeros sepelios comenzaron el viernes en medio de desgarradoras escenas de dolor y gritos de justicia. El país está convulsionado por una creciente polémica ante las insistentes acusaciones de familiares y sobrevivientes de que las autoridades fueron negligentes y dejaron encerrados a los presos durante el incendio. “Es muy arriesgado hacer cualquier tipo de aseveraciones (…). Yo esperaría el resultado de las investigaciones” en las que participan expertos estadounidenses, dijo el presidente Porfirio Lobo, la noche del viernes, tras prometer “resarcir” a los familiares.
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