Por: Martha Vásquez
El presidente inconstitucional Daniel Ortega solicitó la aprobación, con carácter de urgencia, de la adición de un literal al artículo 4 de la Ley de Estabilidad Energética, que autorizaría al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Instituto Nicaragüense de Energía (INE), a establecer mecanismos de subsidio con financiadores nacionales y extranjeros para “sufragar” los incrementos a la tarifa del servicio eléctrico.
La solicitud está en agenda del día a discutirse este miércoles en sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
La iniciativa de Ley también pretende crear seguridad a los financieros de que los montos dados en financiamiento serán restituidos cuando las condiciones de la matriz de generación y el precio de los combustibles permitan una reducción en el precio medio de compra de la energía.
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La iniciativa también establece que todos los montos obtenidos por el INE y previa certificación del MEM, serán restituidos al financiador, para lo cual el INE establecerá mediante resolución de su Consejo de Dirección para que vía tarifa se pague a financiadores los montos subsidiados.
“Las empresas distribuidoras deberán obligatoriamente efectuar la recaudación de los montos trasladados a tarifas a favor de los financiadores”, reza la iniciativa de ley.
Para el economista Adolfo Acevedo, de darse esta reforma podría tener impactos adversos sobre la economía del país, porque estará facultando al MEM y al INE a contraer deuda interna o externa para subsidiar el incremento de la tarifa.
Además estaría a discreción de estas entidades, por sí y ante sí, decidir si es necesario un incremento de tarifa, según el comportamiento del precio del petróleo.
“La redacción es confusa y oscura, y no queda claro quién es el deudor. En todo caso, pareciera que las distribuidoras recaudan y el INE ‘restituye’ los pagos al acreedor, de manera que el INE pareciese asumir el rol de deudor, sujeto obligado a repagar la deuda”, dijo Acevedo.
Agregó el economista que según esta reforma este financiamiento o deuda será repagado cuando los cambios en la matriz energética o la disminución de los precios del combustible usado para la generación de energía reduzcan también los costos de generación, solo que, en vez de aprovechar los menores costos de la energía para reducir las tarifas, estas se mantendrán sin reducirse y la brecha entre los menores costos de la energía y la tarifa será recaudada por las empresas distribuidoras y entregada al INE para poder pagar dicho financiamiento.
“Como el INE es una entidad autónoma del Estado, de hecho el Estado estaría adquiriendo una deuda contingente, es decir una deuda que, si el INE no puede cubrir, tendría que ser asumida por el presupuesto. Esta deuda puede llegar a ser muy grande”, explicó Acevedo.
Para el economista, de nada servirá un cambio en la matriz energética, en términos de reducción de tarifas a los consumidores finales, porque el pago de esta deuda impediría durante años que el cambio de matriz se traduzca en menores tarifas para los consumidores.
También afectaría los límites a la deuda pública anual que deben establecerse con un horizonte de mediano plazo, al negociar un programa con el FMI. Este organismo ha expresado su preocupación sobre la sostenibilidad de esta acumulación anual de deudas para subsidiar los incrementos en la tarifa. Agregó que esta reforma se envía con carácter de urgencia, con el propósito de que no haya mucha discusión ni muchas consultas, de tal manera que los aspectos oscuros o poco claros no podrían aclararse.
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