Por más de 13 años los propietarios del exitoso Proyecto Turístico Punta Teonoste tuvieron posesión y dominio sobre las 65 manzanas donde se ubica el proyecto ecoturístico sin que nadie les disputara la propiedad, hasta que un buen día alguien en la Procuraduría de Justicia en Rivas de pronto se “dio cuenta” que 20 manzanas eran del Estado y procedió, con el apoyo de topógrafos y policías, a deslindarlas.
Por más grave que parezca este hecho, peor fue la explicación insólita que le dio el subprocurador de Rivas, Alejandro Chávez al señor Walter Bhüler, uno de los mayores accionistas de la sociedad anónima propietaria del hotel, quien afirma que el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) que estaba a cargo del inusual operativo confiscatorio le dijo que las 20 manzanas se las iba a donar al comandante Edén Pastora Gómez, lo cual fue confirmado posteriormente por el propio Pastora y más tarde en una conferencia de prensa por el procurador Hernán Estrada.
Es decir: el Estado “recupera” algo a la brava que súbitamente dice pertenecerle, sin mostrar ninguna orden judicial, para favorecer a un privado, que casualmente, es un alto funcionario del gobierno actual. Un caso que parece ser extraído de los anales de Ripley o quizás de las oscuras páginas de la “época de oro” de las confiscaciones: los años ochenta.
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Para agravar las cosas, la policía de Rivas se llevó presas a ocho personas cuyo único delito fue haber demandado a la Procuraduría de Justicia que les mostrara la orden judicial de la invasión de la propiedad que estaba siendo objeto el proyecto turístico.
Aparte del grave precedente que se está sentando contra la propiedad privada, este hecho insólito atenta contra uno de los pilares de mayor crecimiento de la economía, que es la industria turística, que en Nicaragua es uno de los puntos en que podemos afirmar que hay un consenso de nación.
Si los inversionistas en el sector turismo, antes de realizar inversiones millonarias, se ven reflejados en el espejo de Punta Teonoste, seguramente preferirán aguardar hasta que exista seguridad jurídica de que sus propiedades no serán arbitrariamente confiscadas, o quizás se lleven sus proyectos a otros países donde esa seguridad jurídica que todo empresario demanda, sí existe.
Son muchos los empresarios turísticos que han construido sus hoteles en las playas y otros que lo están haciendo para que este hecho del Hotel Punta Teonoste sea tomado a la ligera. Ciertamente representa un grave precedente, pero todavía es tiempo para que la PGR rectifique el error cometido.
En los años ochenta se confiscaron miles de propiedades en nombre de los pobres y de la revolución, muchas de ellas terminaron en manos privadas de personas no tan pobres y al final, después de años de guerra el costo de las indemnizaciones millonarias lo hemos tenido que pagar todos los nicaragüenses.
Tal fue el grave daño hecho a la economía, que la propia Constitución nicaragüense prohíbe las confiscaciones en cualquiera de sus formas, pero lamentablemente en días recientes se han dado varios casos parecidos al de Teonoste y tal parece que estamos viviendo una regresión en este tema, lo cual es inaceptable para la salud y para la bienandanza de nuestra economía.
El sector privado representado en el Cosep, que muchos acusan de ser complaciente con el Gobierno, debe ser inflexible en la defensa de la propiedad privada, y no permitir bajo ninguna circunstancia afectaciones de corte confiscatorio contra cualquiera de sus miembros, porque una vez abierta esta puerta no sabemos hasta dónde vamos a llegar.
El autor es diputado y presidente de la Comisión de Turismo.
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