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Los 44 reos muertos ayer es la cifra más elevada en los últimos cinco años en hechos similares de violencia en cárceles de México, según portavoces oficiales. Familiares y amigos de los reos escenificaron lucha con la policía civil cuando reclamaron
AFP/EFE
Un nuevo choque entre reclusos en el centro penal Apodaca, en Monterrey, provocó ayer la muerte de 44 reos. “No se usaron armas de fuego, (los reos) murieron por heridas de armas contundentes y punzocortantes”, informó el vocero estatal de Seguridad, Jorge Domene, al señalar que la riña la habrían protagonizado miembros rivales de los cárteles del Golfo y de Los Zetas por el control del penal.
El portavoz dijo que todos los fallecidos estaban recluidos en el ambulatorio (sección) D de la cárcel y que fueron atacados en la madrugada por internos del pabellón C armados con barrotes, trozos de madera y cuchillas. No hubo heridos, según señaló Domene.
Un periodista presente en el lugar pudo observar un intenso ingreso de policías y ambulancias, en tanto en las afueras del penal decenas de familiares, la mayor parte mujeres con niños, exigían información sobre la suerte que corrieron sus parientes. “Que nos digan cómo están ellos, mi hijo”, clamaba una mujer que no se identificó. Domene manifestó que la lista de nombres de las víctimas se difundiría en las próximas horas.
Aunque el penal de Apodaca está muy cerca de una estación militar, no hubo presencia del ejército durante los disturbios. El lugar era resguardado por efectivos de la policía, tanto local como estatal.
Domene había explicado que se observaban “unas columnas de humo (saliendo de la cárcel) porque precisamente durante este enfrentamiento se quemaron colchones y otras pertenencias”, pero afirmó que la situación ya estaba bajo control.
Los cárteles del Golfo y Los Zetas mantienen una fuerte presencia en el norte de México, enfrentados entre sí, escenificando violentos choques que se replican en las cárceles de la región, donde están detenidos muchos de sus miembros.
A Los Zetas, surgidos en la década de 1990 entre militares desertores que fueron reclutados como pistoleros por el cártel del Golfo, se les considera uno de los grupos criminales más violentos del país.
Los familiares de las víctimas son sometidos a pruebas de ADN y atención sicológica, ante la dificultad para identificar los cuerpos calcinados.
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