A fines del pasado siglo XX, en una Centroamérica afectada por luchas militares intestinas impuestas por la falta de justicia social, sobresalía, como las aguas del oasis en un desierto, la democrática, solidaria, pacífica y ecológica Costa Rica, en la que su “clima político” se caracterizaba por el hecho de que sus diferencias políticas internas se dirimían con el voto popular, se impulsaba la tolerancia y no había sectores sociales imponiéndose a otros, con violencia militar.
Desde el 2010, nuestros países se vienen enfrentando en un litigio internacional que, además de haber ya causado innumerables daños, perturba la “paz libre y duradera” de la que tanto hablaba su ex presidente y Premio Nobel de la Paz, doctor Oscar Arias. La otrora pacífica y verde Costa Rica, no solo ejecuta acciones que afectan al medioambiente (tanto al suyo como al nuestro, por lo interrelacionado del tema), sino que responde policialmente, con las armas en la mano, frente a lo que ella misma denominó una “invasión militar” de parte de nuestro Ejército.
¡Cómo se han invertido los roles en esta historia! Mientras Nicaragua, con base en el fallo de La Haya y como parte del sumo imperio que ejerce sobre su río San Juan, se ve obligada a garantizar, proteger y mejorar su medioambiente e impulsa el dragado del mismo, con el propósito de hacerlo navegable, y acude a organismos internacionales de justicia para dirimir una controversia sobre el ecocrimen que, con su “carretera para el desarrollo” comete Costa Rica, este se moviliza militarmente con las armas en la mano, con el pretexto de “proteger su territorio” y justificar la necesidad de construirla, aun cuando con ello dañe el frágil ecosistema de una zona compartida. La comunidad internacional ya se pronunció al respecto: en su visita a la región, el secretario general de la OEA, señor José Miguel Insulza, luego de sostener reuniones con representantes de ambos gobiernos y de visitar la zona conflictiva, concluyó lo que el sentido común demandaba: se impone la “densificación de los mojones que delimitan la frontera”.
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En una evidente y clara muestra de debilidad argumental, Costa Rica elevó internacionalmente su voz, declarándose “intervenida militarmente” y clamando por apoyo internacional. ¡Qué mal precedente de actuación en política internacional! El concepto de “intervención militar” tal vez sea algo novedoso para la sociedad costarricense y por ello puede generar sorpresas y temores, pero no lo es para Nicaragua y resto del mundo, que han sufrido en carne propia este flagelo. Para no ir muy largo, bastaría con recordar la intervención manu militari a Panamá, a fines del siglo pasado, que acabó con el régimen de Manuel Antonio Noriega.
Lo delicado de este nuevo proceder costarricense radica en el negativo precedente que está pretendiendo sentar: en adelante, con el objetivo de evadir una Ley Internacional, bastará con no asumir el compromiso de ser “una entidad justiciable”, que se acoge y respeta el fallo de un órgano judicial internacional, al que ahora, incluso, pretende no reconocerle competencia, aduciendo que los documentos firmados por sus autoridades de aquel entonces fueron un ¡lapsus calami!. El propio presidente de la Corte Centroamericana de Justicia ha mostrado en diferentes foros públicos dichos documentos como prueba irrefutable de que este hermano país, en su momento, reconoció la legitimidad de dicha Corte y, con ello, quedó sometida a sus decisiones. Y todo, absolutamente todo, se hace con el deshonesto propósito de desconocer los fallos que sean contrarios a sus intereses.
Es más que obvio, para nosotros los nicaragüenses, que el problema más urgente y fundamental por resolver es el del daño ambiental, visible ya, y de cuyas repercusiones hemos de lamentarnos, a mediano y largo plazo, por el daño de un efecto residual, permanente e irreversible que ya ha alterado, y continúa alterando, el equilibrio ecológico que existía en la zona, hasta antes del inicio de las obras costarricenses. La solución práctica ya fue puesta sobre la mesa por el máximo dirigente de la Organización de Estados Americanos: 1) Densificar judicialmente el amojonamiento fronterizo; con el uso de tecnología de punta, GPS entre otros, esta tarea sería muy sencilla y fácil de realizar. 2) Suspender a lo inmediato las obras que ejecuta el hermano país, en la costa de nuestro río. 3) Proceder a lo inmediato a la reforestación de la zona arrasada, para intentar reducir los efectos del daño ya causado; y 4) Indemnizar al Estado de Nicaragua por el daño ya infringido, para que con estos recursos se pueda iniciar un proceso de tratamiento integral a la flora y fauna devastadas.
Finalmente, y coincidiendo con la reflexión que se hacía el diplomático Mauricio Díaz Dávila, cuando se preguntaba: “¿Qué oscuros intereses o verdades se están escondiendo detrás de esta bulliciosa controversia?”, la respuesta es más que evidente y salta a la vista: lo que Costa Rica no pudo lograr con su pretensión respecto del sumo imperio sobre el río San Juan, lo quiere tomar ahora, por vías de hecho, abriendo una nueva herida en las diferencias históricas entre ambos pueblos hermanos y escalando, esta vez a la vía armada, aun cuando ello implique el alto costo de desdibujar la imagen de la pacifista, democrática y verde de la nación hermana, y poniéndose a la par de los burdos mecanismos utilizados, a inicios de siglo, por los países interventores e irrespetuosos de la soberanía de los pueblos, lo cual implica un deplorable y lamentable retroceso de la imagen de un país, parte de nuestra región, en tiempos en los que la integración de la gran nación centroamericana es la tarea que se impone.
El autor es Jurista, Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
