GUATEMALA/AFP
El militar guatemalteco Pedro Pimentel, extraditado por Estados Unidos en julio pasado, será sometido a partir del jueves a juicio por la masacre de 201 campesinos en 1982, una de las más brutales cometidas por el Ejército durante la guerra civil (1960-1996), anunció la querella.
Pimentel era un instructor de la fuerza especial 'Kaibil' del ejército guatemalteco cuando ocurrió la matanza, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 en la aldea Dos Erres, del departamento de Petén, unos 600 km norte de la capital.
Los debates orales y púbicos se desarrollarán en el Tribunal B de Mayor Riesgo de la capital, precisó en una rueda de prensa la abogada de la querellante Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Cristina Alonso.
La letrada adelantó que las pruebas contra Pimentel serán las mismas que presentaron en un juicio, entre julio y agosto pasados, contra otros cuatro ex militares que participaron en la matanza y que ya fueron sentenciados. Durante las audiencias también testificarán dos ex kaibiles que participaron en la matanza y que ya dieron su testimonio en el primer proceso, agregó Alonso.
En ese primer juicio, los ex kaibiles Manuel Pop, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Hernández fueron condenados a 6.060 años de prisión cada uno por delitos de asesinato y contra la humanidad.
El jefe de la patrulla militar que cometió la matanza, Carlos Carías, fue sentenciado a 6.066 años de cárcel, al sumarle 6 años más por el delito de hurto agravado. La sentencia fue la primera en la historia de Guatemala contra militares, pero otros 12 ex miembros de la patrulla vinculados con esos hechos están prófugos.
El suceso ocurrió durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), cuando el Ejército buscaba recuperar 40 fusiles robados por una unidad guerrillera en octubre de 1982.
Ríos Montt está procesado por el delito de genocidio y su defensa busca acogerlo a una ley de amnistía aprobada el 10 de enero 1986, para evitar que enfrente un juicio.
Una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU documentó 669 masacres durante el conflicto interno, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado. Además, responsabilizó a los militares del 93% de los 200.000 muertos y desaparecidos que dejó la guerra.