Martha Vásquez
La Policía Nacional abrió las puertas a Rusia a través de una firma de convenio de capacitación para combatir el crimen organizado.
En Rusia, alrededor de 1.5 millones de personas son drogodependientes, hasta 4 millones consumen drogas y unas 126, 000, con edades comprendidas entre los 15 y 34 años, mueren anualmente como consecuencia de las sustancias prohibidas, según cifras oficiales, publicadas por agencias internacionales.
Por tal razón se oponen firmemente a la legalización del tráfico de droga en Centroamérica.
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El acuerdo se suscribió entre el director del Servicio Federal de Control de Drogas de Rusia, Víctor Ivanov y la directora general de la Policía Nacional, Aminta Granera. Ambos países intercambiarán asistencia técnica, asesoría e información y ejecutarán operaciones coordinadas contra el narcotráfico y el crimen organizado.
También compartirán experiencias y capacitaciones, efectuarán investigaciones científicas y académicas, e impulsarán actividades para prevenir el consumo y tráfico de drogas ilícitas. En los próximos meses, especialistas en técnicas de investigación de droga de Rusia visitarán Nicaragua, para capacitar en técnicas de investigación. Además, oficiales nicaragüenses viajarán a ese país a especializarse en la materia y en contrainteligencia, para detectar posibles infiltraciones de narcos dentro de la institución.
También se contempla la construcción de un centro de capacitación ruso en Nicaragua, según explicó Ivanov.
RECHAZAN LEGALIZAR DROGA
Ivanov también rechazó firmemente la propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez, de despenalizar el tráfico y consumo de droga en Centroamérica, como una forma de disminuir la violencia en la región. Reveló que Rusia, al igual que otros países europeos, no está de acuerdo con la propuesta, que calificó como una “enmascarada bien planificada”, ya que proviene de círculos interesados en el asunto.
“El análisis de esta situación nos llevó a conocer que este tema se está financiando por los círculos interesados”, señaló Ivanov.
La primera comisionada Granera dijo que las autoridades no han debatido esa propuesta y que le toca al Gobierno pronunciarse sobre la posición oficial del país. “Nos reunimos para debatir cómo combatirla, no cómo legalizarla”, dijo Granera.
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