Los militares retirados que recientemente trancaron la carretera Managua León estaban furiosos. Uno de sus líderes, el exoficial Manuel Pérez, expresó sus razones: “¿Si le dieron a Edén Pastora 20 manzanas por sus méritos guerrilleros, a pesar que combatió la revolución, por qué niegan beneficios a quienes la defendimos?”
El argumento ilustra una de las graves implicaciones de la decisión inicial del Procurador General de la República (PGR) de donar a un miembro de su gobierno las tierras quitadas a particulares en Teonoste, Rivas. La acción, que ha causado la natural alarma en el sector privado y en los inversionistas, ha tocado dos temas muy sensibles: la posible violación al derecho de propiedad y el disponer de un bien supuestamente estatal en beneficio de un particular.
El primer tema ha recibo considerable atención, sobre todo de Cosep. Es, sin embargo, un aspecto susceptible a la controversia por cuanto el Estado alega la existencia de irregularidades en la inscripción y otros embrollos jurídicos. El segundo, en cambio, raramente ha sido examinado, aunque su importancia es de primer orden, como lo ilustra la reacción de los exsoldados, y a pesar de constituir una acción totalmente indefendible: no existe el más mínimo fundamento, lógico o legal, para justificar el traspaso de un bien supuestamente estatal a un particular.
Aún suponiendo que las tierras en disputa fuesen del Estado, no está entre las prerrogativas de ningún funcionario público entregárselas a un particular. La ley Nº 169, “Ley de Disposición de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos”, establece que para disponer de bienes propiedad del Estado que superen el monto de los C$200,000.00, el poder ejecutivo requerirá de una Ley aprobada por la Asamblea Nacional para la enajenación de los mismos.
Además de contrariar ley expresa, la pretensión de premiar con tierras a Edén Pastora, por públicas que sean, vulnera el sentido de justicia y equidad que rige el manejo de los bienes públicos. Porque aún cuando pudiese establecerse que el excomandante tiene méritos y necesidades, también las tienen —y posiblemente más— muchos humildes y olvidados excombatientes. La protección de la justicia, que es lo que inspira y da forma al derecho, implicaría, en el caso de establecerse compensaciones a los que han prestado servicios de valor, buscar la proporcionalidad entre méritos y recompensas conforme criterios generales claros y conocidos.
Obviar este principio, dando un gran premio a uno y migajas a los demás, es ofensivo e injusto.
La actuación de la PGR, es un síntoma más de una incultura política y jurídica creciente que considera normal premiar amigos y obviar los debidos procesos. Otro ejemplo reciente lo constituyen los 20 millones de córdobas del presupuesto nacional, recientemente asignados a la universidad privada Unica, a fin de capacitar maestros. Aunque aquí medió la aprobación de la Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, se violentó el principio de equidad y profesionalismo que es norma de las contrataciones públicas. Lo lógico y justo hubiese sido otorgar dicho monto a la universidad(es) que a través de la licitación correspondiente demostrasen tener el mejor personal y facilidades para dicha tarea. Otorgarlo así por así, a una universidad de la familia Rivas-Obando, cuya calidad académica no ha sido establecida, huele a otro favor político realizado con el impuesto de los contribuyentes.
Fenómenos desafortunados como estos ocurren en parte por falta de acción de los afectados. Por eso es saludable que los exmilitares se hayan movilizado en defensa de sus derechos.
Nada protege más al derecho que una ciudadanía dispuesta a reclamarlo.
El autor es sociólogo y fue ministro de Educación 1990-1998.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
