Como Norma Elena Mora, miles de despedidos de instituciones del Estado se aferran a las sentencias emitidas por las instancias judiciales. LA PRENSA/O. NAVARRETE

Elízabeth Romero

En casi tres años de espera porque se le haga justicia en su demanda de indemnización, lo que Norma Elena Mora ha logrado coleccionar es la correspondencia escrita dirigida a funcionarios públicos, copias de acciones administrativas y judiciales efectuadas. Sigue sin respuesta y sin dinero.

Desde octubre de 2010, la juez primero del Trabajo, Hadyeri Vindel, ordenó su reintegro al puesto de trabajo como asistente de auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI), donde se desempeñó durante nueve años. Incluía el pago de salarios caídos.

En total le debieron pagar a Mora, desde esa fecha, 236 mil córdobas. Pero no hay autoridad del autonombrado “gobierno de los pobres” que acate la resolución.

Ella integra ese bolsón de más de 23 mil empleados públicos que desde 2007 fueron barridos laboralmente por el gobierno de Daniel Ortega. De ese total, una parte recibió un porcentaje de lo que le correspondía en cuotas establecidas por el mismo Gobierno.

• Deuda con exempleados no es prioridad para el Estado, dice Cenidh

  
  El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Carlos Guadamuz, lamentó que muchos de los extrabajadores del Estado, pese a contar con una sentencia de pago, llegan a esperar hasta más de tres años para que les paguen debido a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) no está tramitando estos casos con celeridad. “Estos pasivos laborales no son prioridad de Hacienda”, criticó el abogado del Cenidh, quien expresó que esto se traduce al afectado en retardación de justicia de aproximadamente cinco años para el cobro de una prestación laboral irrenunciable. Las estadísticas de ese organismo de derechos humanos indican que de 111 denuncias laborales, la mitad podría tener como causa el retraso en el pago de las prestaciones correspondientes por parte del Estado. Esto se traduce a su vez, en el principal derecho violado, seguido de la estabilidad laboral y el derecho al trabajo. Guadamuz criticó la irresponsabilidad de algunas autoridades del Estado que despiden a funcionarios que acumularon experiencia y se trata de un recurso humano importante.

• Víctimas de la ley

  Los trabajadores del Estado que han sido despedidos se enfrentan a otra Ley que impide que estos presionen con embargos, pues los bienes del Estado son inembargables, expresó el abogado del Cenidh, Carlos Guadamuz.
  Señaló la ineficacia de la Ley, que se presta al manejo arbitrario en el pago de las prestaciones, como es el caso que se les pague en cuotas o que se les pague cantidades que no son las establecidas por los jueces. Esto es una violación a los derechos laborales adquiridos.
  Entre las instituciones donde más ha habido despidos está la Dirección General de Ingresos (DGI).

El secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, dice que no cuentan con una cifra oficial de cuántos han sido pagados a medias. El año pasado, a través del acuerdo presidencial 190-2011, el presidente inconstitucional Daniel Ortega ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el Estado pague 79,746,000 córdobas a favor de extrabajadores de las diferentes instituciones despedidos desde su regreso al poder en el 2007.

LEY, “UNA UTOPÍA”

Igual que Mora, los ahora desempleados solo recibieron la carta de despido.

“Si no tenés la afinidad al partido de gobierno definitivamente no te garantizan la estabilidad laboral y los que han sido despedidos es porque no se sujetan a las líneas erradas partidarias de participar en las diferentes actividades del actual Gobierno”, refiere Leiva Sánchez. Apuntó el sindicalista que él también corrió igual suerte en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el cual, en la administración ilegítima de Ortega “ha mantenido una constante violación a los derechos laborales, constitucionales y humanos de los servidores públicos del Estado de Nicaragua”.

Y califica de “caos” la situación actual que enfrenta el sector debido a las arbitrariedades que enfrentan los servidores públicos, pues no hay respeto a los convenios colectivos y tampoco a la Ley 476, Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, creada para garantizar la estabilidad y el servicio público de los trabajadores que son recursos del Estado y no del partido de turno.

“Es preocupante porque nos indica que el servicio público y la carrera administrativa en el país ha quedado como una ley mojada y ha quedado como una utopía”, sostuvo Leiva Sánchez.

 

El año pasado un grupo de despedidos del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) debió recurrir a la huelga de hambre como medida de presión. No obtuvieron respuesta. LA PRENSA/ARCHIVO

La Fedetrasep acompañó a los primeros desempleados que recurrieron a la Corte Centroamericana de Justicia, pues ya agotaron las vías judiciales a nivel interno.

Leiva Sánchez dijo que la Corte Centroamericana tiene competencia para conocer el tema de desacatos de sentencias judiciales, que ya sobrepasan las 400.

Luisa Amanda Morales se vio obligada a renunciar en la delegación de la Administración de Rentas de Somoto. “Fue un despido indirecto”, aclara Morales, pues era víctima de maltrato y al denunciar supuestas anomalías su responsable inmediato la bajó de cargo. Morales pasó de jefa del área de fiscalización a la ventanilla de la Aduana El Espino, un cargo inferior. Desde el 31 de marzo de 2009, ella espera el pago de sus prestaciones y a la fecha ha incurrido en los gastos que implica el transporte a Managua y el pago de abogados para pelear por su derecho. Los tribunales de apelaciones de Estelí fallaron a su favor, pero nadie la escucha. El caso de Morales también fue remitido a la Corte Centroamericana de Justicia.

NI CON HUELGA

Para todos los extrabajadores del sector público, la espera por el pago de las prestaciones laborales les ha costado tiempo, dinero y para algunos plantones y hasta huelgas de hambre, como lo hicieron el año pasado varios dirigentes sindicales del MTI. Durante tres meses, David José Elías Vargas permaneció junto a sus compañeros despedidos apostado frente a las instalaciones del MTI, en reclamo de sus derechos. Él permaneció de apoyo de los que permanecían en huelga de hambre. Elías fue despedido, pese a contar con fuero sindical. Y aunque hubo sentencia firme a su favor, aún así el MTI se niega a restituirles sus derechos establecidos en el convenio colectivo de garantizarles el salario mientras dure su demanda laboral.

“A veces la pasamos difícil porque no hay trabajo”, dijo Elías, quien refirió que solo ha encontrado empleos temporales. Y cuando trata de buscar trabajo, el MTI da malas referencias suyas. Y esto es porque según

Elías, para despedirlo aprovecharon una licitación que él rechazó por incumplimiento del oferente, pero el MIT le argumentó “que estaba pidiendo coimas sobre una compra”. El Estado le adeuda a Elías unos 980 mil córdobas, sin embargo, en su caso aún no tiene sentencia.

En los próximos días impulsarán otras acciones ante organismos internacionales para dejar claro que en Nicaragua no hay respeto a los derechos de la clase trabajadora y en mayor incidencia en los servidores públicos.

“Nos vamos a seguir denunciando, demandando a fin de que se garantice por el gobierno de turno, el respeto y tutela de los derechos laborales como obligación constitucional”, dijo.

Los exservidores públicos lamentan que las prioridades de Ortega sean hacia afuera, como en el caso de destinar parte de las reservas del Banco Central de Nicaragua para la creación del Banco del Alba y no para cancelar derechos de Ley de extrabajadores públicos que, en algún momento, prestaron servicio al Estado.