Cada vez que el inconstitucional presidente Ortega se moviliza por algún sector del país, como ocurrió el pasado viernes en la actividad del 34 aniversario de la insurrección de Monimbó, miles de galones de combustible son derrochados en embotellamientos impensables mientras cientos de policías trancan cuanta calle o carretera se les ocurre.
Dista mucho esta ostentosa movilización de una persona de la humildad con que se movilizaba en la época de los “nefastos gobiernos neoliberales”, la expresidente Violeta Barrios de Chamorro, con solo dos patrullas escoltas que viajaban en dos Land Cruiser Toyota rústicos (no toyotonas) cuyos conductores tenían prohibido volarse las luces rojas o poner las “pitoretas” pidiendo vía libre.
Los recursos que gasta el Estado y en particular la Policía que hace un despliegue extraordinario, como el pasado viernes que desviaron todo el tráfico proveniente del sur en el empalme de Monimbó hacia Masaya causando un pandemonio vehicular que duró varias horas, todo para impresionar al presidente, que posiblemente no se entera del daño que le causa a la economía, haciendo gastar las horas y el carísimo combustible a miles de conductores que pudieran estar haciendo algo más provechoso para la economía.
El derroche de recursos con fondos del Estado es notorio, los buses alquilados para movilizar a los trabajadores del Estado que dejan las oficinas para “marcar tarjeta” en las actividades políticas partidarias en pleno horario laboral, como lo fue el caso del pasado viernes.
La Policía no debería de bloquear las carreteras y las vías principales para estos actos, por el contrario, debería establecer una ruta alterna para el presidente y su comitiva, pero no mandar a todo el tráfico vehicular a atiborrar una ciudad como Masaya, donde ya de por sí el señalamiento vial es muy deficiente y no hay calles amplias que puedan aliviar el flujo del tráfico, como el que fue desviado al casco urbano el viernes por la tarde.
El presidente es un ciudadano más de la nación y si bien debe ser protegido por la Policía, esta protección no debe resultar ofensiva para el ciudadano común, que al final de cuentas es el que paga con sus impuestos esos ostensibles actos de poder y también es el que resulta afectado en su bolsillo, sea un taxista o transportista, porque debe pagar cada galón de combustible cuyos precios están por las nubes.
Además es un derecho constitucional el que se viola, el de la libre movilización al que tenemos garantizados todos los ciudadanos, pero cuando se dan las “actividades del presidente” que más bien parecieran las de un monarca, solo se le garantiza a él ese privilegio, mientras bajo cualquier pretexto se le niega al ciudadano común.
Finalmente, esta movilización ofensiva y derroche de recursos, contradice los principios sobre los cuales afirma asentarse la gestión del actual gobierno: porque no es ni cristiana, ni solidaria, ni mucho menos está basada en los principios igualitarios del socialismo. Un gobernante cristiano se pone en los zapatos de los demás, porque su accionar está basado en el principio de amar al prójimo como a sí mismo.
Un gobernante que hace gala del principio de la solidaridad, seguramente querrá vivir o pasar las dificultades que hace pasar a la población (por lo menos disfrazándose un día de labriego) y si es por el socialismo, en los países socialistas por lo menos los que viven la utopía del socialismo de la sociedad igualitaria de Marx, nadie debe tener privilegios. El autor es diputado, presidente de la Comisión de Turismo.
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