¿Quiere usted conocer cómo se invierten sus impuestos? ¿Necesita saber cómo y dónde obtener su nueva cédula? No busque esas informaciones en la páginas web del Gobierno. No las encontrará. Sin embargo, como premio de consolación hallará vínculos que a ninguna parte conducen, sitios “en construcción”, notas institucionales al por mayor y documentos que solían ser actuales hace unos cinco años.
Se vulnera el derecho a la participación ciudadana. También se violenta el derecho a participar en la gestión pública.
No se halla, por ejemplo, la matrícula escolar de los últimos años, ni la cantidad de nicaragüenses privados de libertad, ni siquiera los resultados completos de los pasados comicios presidenciales. Eligiendo con pinzas, dice Uriarte, el único sitio rescatable es el del Banco Central de Nicaragua.
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Ante esa oferta, muchos ya se dieron por vencidos. Como el sociólogo e investigador, Oscar René Vargas, quien ha dejado de escudriñar los portales electrónicos del Gobierno porque le resulta mucho más útil consultar a amistades que trabajan para el Estado. De esa forma —cuenta— obtiene datos reales, mas no oficiales.
A juicio de Vargas, la cultura de secretismo ha sido una constante en todos los gobiernos de nuestro país; no obstante, en el actual se ha llegado al clímax. Esto a pesar de que existe la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada el 16 de mayo de 2007, cuatro meses después de que Daniel Ortega Saavedra asumiera la presidencia.
¿Estrategia?
Paradoja entre las paradojas, había más información en las webs antes de que apareciera esa ley, señala Denis Darce, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). “Me parece que es un asunto de política de Estado, en el sentido de no hacer transparente la gestión de los funcionarios públicos y que las personas que monitoreamos la situación de los Derechos Humanos y las políticas públicas no tengamos suficiente información”, apunta.
La ciudadanía, dice Darce, debería tener acceso al presupuesto (y desglosado) de cada institución y los nombres de cada uno de los funcionarios y sus salarios; también a informes anuales donde se muestren resultados. Pero no es así y eso pone en entredicho la transparencia del Estado.
Al fin y al cabo, puntualiza Vargas, hay que recordar que la información es poder, “y en la medida que ellos (los funcionarios del Estado) conservan la información, conservan la concentración del poder”.
Solo una se salva
A primera vista las páginas webs del Estado parecieran estar completas y actualizadas, pero es solo una ilusión, ya que la mayor parte de la información es meramente divulgadora, señala Adrián Uriarte, investigador de temas de comunicación.
No se halla, por ejemplo, la matrícula escolar de los últimos años, ni la cantidad de nicaragüenses privados de libertad, ni siquiera los resultados completos de los pasados comicios presidenciales.
Eligiendo con pinzas, dice Uriarte, el único sitio rescatable es el del Banco Central de Nicaragua.
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