Nos preguntan algunos amigos extranjeros por qué en Nicaragua se dice que el presidente Daniel Ortega es inconstitucional e ilegítimo, cuando para todos los efectos legales y políticos, nacionales e internacionales, él ejerce el poder del Gobierno y del Estado con plena e indiscutible autoridad.
Pero el hecho de que Daniel Ortega tenga en sus manos el control de todo el poder estatal, no significa que su gobierno sea constitucional y legítimo. Una cosa es controlar el poder respaldado por las fuerzas coercitivas y represivas de los Tribunales, la Policía y el Ejército, y otra muy diferente es gobernar con el consentimiento, el respeto y la aceptación voluntaria de todos los ciudadanos nicaragüenses, lo cual obviamente no es el caso del señor Ortega.
No cabe ninguna duda de que la situación política actual de Nicaragua es excepcional. Este es el único país de las Américas en el cual ninguno de los partidos políticos y los candidatos presidenciales que participaron en las últimas elecciones, aparte del oficialista, admiten que los comicios fueron honestos y que sus resultados fueron válidos. La oposición no reconoce como legítimo al supuesto triunfador el 6 de noviembre pasado, primero porque las elecciones fueron fraudulentas (o carecieron de transparencia y credibilidad y significaron un retroceso de la calidad democrática electoral en Nicaragua, según lo tradujeron con delicadeza diplomática los observadores electorales europeos), y segundo porque la candidatura de Daniel Ortega a una tercera reelección presidencial, y segunda consecutiva, era flagrantemente inconstitucional.
Lo que ha nacido de una ilegitimidad no se puede legitimar mediante la fuerza de arriba y el temor de los de abajo. De manera que aunque sea un hecho innegable que el señor Daniel Ortega sigue gobernando, él manda solo en nombre y representación de sus partidarios, no tiene el consentimiento de todos los demás nicaragüenses, que si lo aceptan es porque los obliga el poder coactivo y represivo del Estado.
De acuerdo con las ciencias políticas, la legitimidad es la capacidad que tiene un gobierno para ser obedecido por la población sin tener que recurrir al uso o la amenaza de la fuerza; un gobierno cuya autoridad se funda en el respeto a los derechos de los gobernados y la aplicación correcta de la ley. Dicho de otra manera, el gobierno o el gobernante son legítimos cuando y porque la población acepta por consenso y voluntariamente la autoridad gubernamental.
Es que la legitimidad no solo se funda en conceptos jurídicos y políticos. Tiene también un eminente sentido ético, lo cual significa que para tener legitimidad el gobernante tiene que reflejar en su conducta personal y en su ejercicio del poder, los valores comunes de la nación, de todos los ciudadanos y no únicamente de los del partido gubernamental.
Daniel Ortega, para tener legitimidad y ser reconocido por todos los nicaragüenses por lo menos tendría que dialogar con la oposición política y social y consensuar acuerdos de verdadero interés nacional. Como ya lo tuvo que hacer una vez, en 1989.
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