Si por un lado la oposición democrática no termina de articularse, a partir de una común visión estratégica que le permita actuar de manera efectiva y coherente, por otro Daniel Ortega, enfrenta una situación cada vez más compleja y difícil, signada por la falta de legitimidad.
Las relaciones con Estados Unidos, hasta hoy aceptables, empiezan a deteriorarse por el lado de lo que, precisamente, han sido los pilares de esa relación: la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional. Por vez primera, un alto funcionario norteamericano, el señor Kevin Whitaker, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, reconoce que no han tenido recientemente la colaboración que habían logrado en el pasado en materia de lucha contra la narcoactividad. A su vez, la Dirección de Inteligencia de ese país reconoce el peligro que representa la utilización por Irán del territorio de los países del Alba, como plataforma de ataques terroristas.
Adicionalmente, la primavera árabe ha recordado a congresistas y senadores que la democracia y los derechos humanos han sido y deben seguir siendo un valor fundamental de la política exterior norteamericana. En este contexto, la amenaza del legislativo norteamericano de no aprobar las dispensas o “waivers” es real, con el consecuente bloqueo de la ayuda bilateral y las solicitudes de préstamos de Nicaragua en los organismos financieros internacionales.
El panorama no es menos difícil por el lado de Europa. Tras la retirada paulatina de la ayuda bilateral de los países miembros de la Unión Europea, el contundente Informe Final de la Misión de Observación Electoral conllevará, seguramente, serios recortes en la ayuda de esa entidad.
En lo interno, aumentan las contradicciones entre la empresa privada y el Gobierno, cada día más enlodado en la corrupción, el irrespeto a la propiedad y la competencia desleal. Hay elementos que, en la desesperación, empiezan a reorganizarse para una eventual lucha armada. En las filas del Frente Sandinista sale a luz pública el descontento por la falta de democracia.
Este panorama de descomposición interna y crecientes presiones externas carece, como contrapartida, de una estrategia de oposición por parte de las fuerzas democráticas. Es urgente, por tanto, el diseño de esa estrategia, al tiempo que se enfrentan los problemas prioritarios e inmediatos.
Entre los últimos está la necesidad de recobrar la credibilidad en las elecciones, como forma pacífica y civilizada de dirimir el poder y pilar fundamental de la democracia.
Este es el problema verdadero y urgente, desde cuya perspectiva el ir o no ir a las elecciones municipales se revela como un falso dilema. Recobrar la credibilidad en las elecciones es tanto un problema que atañe a toda la nación y no solo de los partidos políticos, como una grave fractura que no puede tratarse de manera aislada, desvinculándolo de otros elementos de la democracia que, como la separación e independencia de poderes y el principio de legalidad, han sido corrompidos o desmantelados.
Su solución, ciertamente, debe buscarse en el marco de una agenda más amplia de restauración de la democracia que, respaldada por todas las fuerzas democráticas, debe servir de base a un diálogo nacional.
Estados Unidos y la Unión Europea pueden respaldar los eventuales acuerdos y establecer un mecanismo internacional de apoyo y seguimiento a los mismos.
Ortega tiene dos opciones: buscar la salida democrática, como hizo en los años ochenta a través de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, o destruir nuevamente la economía del país y transitar hasta el fin el bien conocido camino, costoso y mortal, de todos los tiranos. El autor es jurista y catedrático universitario
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