Otro cambio es que es la DGTA la responsable de normar las operaciones marítimos y portuarios, y no de la EPN. “Es lo correcto”, dice Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic). Dice que así se actualiza a la legislación internacional y evitar que la EPN “sea juez y parte”.
Lucía Navas
Los empresarios han tratado de parar la Ley de Tercerización, pero la pared que ejercen los sindicatos sandinistas lo ha evitado. Se vende por las centrales sindicales como la nueva arma legislativa que vendría a resolver “los abusos contra los trabajadores” que
le atribuyen cometer empresas que brindan un subservicio a otras.
Esta ley es parte del listado de más de diez proyectos con impacto en el ámbito económico existente en la tubería de la Asamblea Nacional, aunque en los últimos cinco años ha sido evidente el impulso del marco jurídico para facilitar las inversiones nacionales y extranjeras, como mejorar el clima de confianza de los negocios.
De todas las iniciativas que ya son proyectos de ley, las que están en puerta son la de Aduanas, la de Puertos y la de Tercerización y se les vendrían a sumar la Concertación Tributaria y la de reforma a la de Seguridad Social. Las dos últimas serán discutidas en el segundo semestre del año.
FACILITAR INVERSIONESEN PUERTOS
La Ley de Puertos es urgente. La empresa brasileña Andrade Gutiérrez posee un convenio de intención firmado con el Gobierno de Nicaragua en agosto de 2011, para desarrollar el megaproyecto portuario Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). La compañía actualmente realiza los estudios de prefactibilidad y factibilidad del puerto cuyo costo se ha calculado en 300 millones de dólares.
Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, explica que se moderniza al sistema conforme las normas internacionales para que “la Aduana sea un facilitador del comercio y no solo un ente recaudador de impuestos”.
Dice que un avance importante es que se clarifican los procedimientos de doble instancia en materia administrativa, que garantiza al ciudadano cómo actuar cuando esté en contra de resoluciones de la Dirección General de Aduana (DGA).
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Concretar la obra pasa por modernizar la legislación portuaria nicaragüense. Eso estaría logrado en un par de semanas cuando la Asamblea apruebe la nueva Ley General de Puertos. ¿Cambios importantes? El más sensible es que permite que privados realicen inversiones portuarias, eliminando así la exclusividad del Estado. Esto lo facilita la ley en el artículo 51, que establece las “concesiones de funcionamiento” a privados —que incluye su administración—, por medio de contratos que hará la Administradora Nacional de Puertos (APN) y a la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
Las concesiones de los puertos a los inversionistas privados serán de hasta 25 años. “Esto (tiempo) puede ser prorrogable”, afirma Jenny Martínez, la presidente de la Comisión de Infraestructura. “A nivel Latinoamericano el promedio de las concesiones de estos proyectos andan entre 25, 40 y hasta 50 años. Se llegó un acuerdo con las empresas que van a desarrollar las inversiones en Nicaragua y el Cosep, en que 25 años es un tiempo prudencial para que puedan recuperar su inversión”.
LA MAL QUERIDA
Otro importante proyecto pero que desagrada bastante al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) es la Ley de Regulación y Ordenamiento de la Tercerización, Subcontrataciones e Intermediación del Empleo. Esta ley es promovida por Luis Barbosa
, dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) quien acusa al Cosep de “promover dos tipos de trabajadores; los que tienen derecho y los sin derechos”.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, lo niega y sostiene que basta que el Ministerio del Trabajo (Mitrab) cumpla su función de “asegurar que todas las empresas que brinda servicio estén legalmente inscritas y paguen todas las prestaciones a sus trabajadores”.
Barbosa defiende la ley basado en un estudio mandado hacer por el FNT, cuyos resultados supuestamente arrojan que en el campo de los más de 600 mil trabajadores, solo el cinco por ciento goza de prestaciones laborales y seguro social. En la construcción se atribuye el 14 por ciento de los 100 mil trabajadores que estarían protegidos por ley. Campo y construcción son los sectores que más subcontratan servicios. Pero los últimos años han crecido las empresas que ofrecen los servicios de seguridad personal, de entrega de pedidos, de jardinería, entre otros.
Aprovechando que el Gobierno no muestra interés de agilizar esta ley en el parlamento, el Cosep consiguió rehacer el documento original y reducirlo de más de 30 a 14 artículos. La propuesta aún conserva el espíritu “de responsabilidad solidaria” que obliga a las empresas que subcontratan servicio a otras, asumir las prestaciones de los empleados de esas compañías.
Aguerri advierte que podría causar el cierre de pequeñas y medianas empresas. Insiste que ya el Código Laboral y las demás normas de la materia vigente protegen a los trabajadores contra cualquier irregularidad del empleador. Una ventaja del empresariado es que la Comisión Laboral, donde está el proyecto, la domina la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), de oposición. “Oiremos a todas las partes y vamos a respaldar lo que el sentido común diga es lo que más conviene”, dice Alberto Lacayo, presidente de la comisión.
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