Elízabeth Romero
“Depresión por no adaptación” fue el diagnóstico que la directora de la Escuela de Medicina de Venezuela, Sandra Moreno, le dio a Ana María Martínez, por la crítica situación en que le entregaba a su hija en el Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua. “Mi hija era un zombi”, expresa abatida la mujer.
Después de un mes, la madre pudo conocer de voz de su hija, que ahora tiene 21 años, que fue violada por un trabajador en la misma universidad donde estudiaba y se sospecha que el suministro de algún somnífero para cometer el abuso provocó el daño.
El diagnóstico en Nicaragua fue epilepsia mioclónico progresiva (una enfermedad incurable).
“Mi hija cuando logra abrir la boca dice con voz fuerte: ‘malditos venezolanos como me jodieron la vida’”, sostiene Ana María Martínez. La madre carece de recursos para atender a su hija, ha dejado de trabajar y el 15 de mayo debe regresar a Cuba, pero para ello requiere 15 mil dólares. “Lo peor es ver que una hija se le esté muriendo a una y que nadie le dé respuesta”, dice Martínez.
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De eso ha pasado un año, la hija de Martínez está postrada en una cama sin poder moverse. Desesperada, la mujer ha tocado todas las puertas de las autoridades que debieron asumir la responsabilidad y callaron pese a conocer el caso.
En 2010, el Instituto de la Juventud (Injuve) becó a la hija de Martínez. Recién el retorno de la muchacha en mal estado de salud le llovieron las promesas: “En el Injuve me la pusieron bonita, que sí, que la vamos ayudar hasta que la niña se recupere”.
La ayuda consistió en la entrega de dinero en efectivo durante dos ocasiones: primero nueve mil córdobas y después siete mil más, junto a internamiento durante dos meses en el Hospital Militar.
La factura era extendida a nombre de la Secretaría del Frente Sandinista. Martínez denuncia que un medicamento aplicado en ese centro “me la terminó de dañar, mi hija no camina, pasa en una cama 24 horas”.
En su momento Bosco Castillo, director del Injuve, hasta le dijo que alquilara un apartamento que se lo pagarían pues tenía orientaciones de la primera dama Rosario Murillo de brindarle apoyo. Esto para Martínez demuestra que el caso es del conocimiento de las autoridades del gobierno.
Sin embargo, un mes después que le correspondía el pago del alquiler del local donde se alojaron, Castillo le habría dicho a Martínez: “Mire, usted ya sabe el diagnóstico de su hija, no hay nada qué hacer, váyase a su casa, que no le vamos a seguir ayudando”.
LA PRENSA contactó a Castillo y en tres ocasiones que atendió la llamada telefónica alegó estar con múltiples ocupaciones.
La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marjorie Rodríguez, criticó que en Venezuela la muchacha fue sometida a una operación presuntamente de apendicitis, sin que le comunicaran a la madre y después la directora del centro adujo que fue en Nicaragua. “¿Por qué no le comunicaron?”, se preguntó Rodríguez.
La abogada del Cenidh señaló que la joven era una persona con plena capacidad, desde el momento que fue admitida para estudiar una carrera universitaria.
Martínez sospecha que a su hija le suministraron algún medicamento, posiblemente “para que olvidara ese episodio” o fue dopada al momento de la violación y que fue eso lo que causó los estragos en la salud. “Alguien tiene que responderme por esto, mi hija no era así antes de la violación”, clamó la denunciante.
