Elizabeth Romero
“Toda mi familia se siente amenazada y denigrada”.
Así resume Javier Díaz Silva a la directora de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, el temor que persiste entre ellos tras el anómalo comportamiento de oficiales de Ciudad Sandino, que el pasado 16 de marzo ingresaron violentamente a su casa buscando presuntos objetos robados y sustrayendo mercadería que luego regresaron incompleta, mientras un dinero en efectivo también desaparecía durante el cateo.
DAÑOS MORALES Y OTROS
Díaz Silva, de oficio comerciante, le mandó una carta a Granera donde le anunció que presentará una demanda contra la institución “a la cual todos los nicaragüenses mantenemos con el pago de nuestros impuestos”, para que restituya tanto el daño económico como el moral causado a su familia.
Un oficial justificó la arbitrariedad policial diciendo al comerciante que “para qué hacía el traslado de la mercadería” de madrugada.
El comerciante reclama 13 sacos conteniendo 16 bolsos con valor de 280 córdobas cada uno; 25 carteras de 450 córdobas por unidad; 32 mochilas de 160 córdobas cada una; 23 pares de botas de 250 córdobas cada una; siete pares de zapatos deportivos de 780 córdobas el par, etcétera.
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En un relato pormenorizado a través de una denuncia escrita introducida en la dirección de Asuntos Internos, Díaz plantea a Granera que los agentes de uniforme y de civil no escucharon los insistentes pedidos de personas vecinas que acudieron en auxilio de su hijo de 12 años —quien fue agredido físicamente por los uniformados—, quienes le pedían a la Policía que esperaran la llegada de Aracely Morales, dueña de la mercadería.
Ella guardaba las cosas en una bodega de su casa porque remodelaban un tramo que posee en el mercado Israel Lewites, donde ofrecen productos de vestir y calzado.
El niño, asustado al ver el despliegue y violencia policial, trató de cerrar las puertas para evitar que ingresaran a la casa, por lo cual los uniformados lo amenazaron, golpearon y amenazaron con llevarlo detenido, pese a que lo protege la ley de la niñez y adolescencia, según la denuncia del ciudadano.
Díaz Silva se quejó que los uniformados antes de extraer la mercadería debían realizar un inventario, pero no lo hicieron y ahora no se responsabilizan de los objetos perdidos durante su “operativo”.
NO APARECE EL DINERO
Del lugar se llevaron 61 sacos con mercadería y regresaron únicamente 48 sacos; de los restantes 13 sacos extraviados nadie le da una explicación.
Tampoco explican quién tiene 2,500 dólares equivalentes a 57,750 córdobas y 17,550 córdobas en efectivo que estaban en casa al momento del cateo.
Díaz aclara a la funcionaria policial que el dinero corresponde a un préstamo realizado en una sucursal bancaria, del cual posee comprobantes y que es producto del comercio que él y su familia ejercen como medio de vida.
Después del incidente, según la denuncia, la familia ha quedado “marcada” en el vecindario como “delincuentes”, puesto que el despliegue policial fue numeroso.
LA PRENSA intentó obtener una respuesta oficial de la institución desde el pasado 23 de marzo, pero a la fecha no han respondido.
