El expresidente y gobernante ilegal Daniel Ortega, en su afán dictatorial está consciente que enfrentará periódicamente crisis de mayor o menor envergadura. Para perpetuarse en el poder sin mayores riesgos debe mantener la democracia en estado de “coma inducida”. Por otro lado, la oposición política le facilita esta mascarada al dejarse neutralizar en cada “pico” de crisis política, sin ofrecer una verdadera resistencia.

Actualmente, el MVE-PLI reclama diálogo para reencauzar el país hacia un verdadero Estado de Derecho, pidiendo también se elijan cargos de magistrados con períodos vencidos, bajo la condición que sean probos y honestos. ¿Quién no quiere un diálogo que nos devuelva paz y democracia? Pero bien, supongamos que Ortega les conceda la mitad de todos esos cargos en poderes del Estado, ¿acaso ya olvidaron lo que sucedió cuando los magistrados PLC de la CSJ quisieron presionar y confrontar la maquinaria judicial rojinegra? ¿No recuerdan que hasta de “matón” acusaron a uno de ellos y los amenazaron con retener sus salarios y sustituirlos con cualquier funcionario? Sería provechoso también que la dirigencia del PLI revise las declaraciones del magistrado Luis Benavides cuando se autoproclamó honesto y quiso confrontar la maquinaria electoral rojinegra, quejándose amargamente porque dentro del Consejo Supremo Electoral (CSE) no tenía quién le hiciera un café negro, luego que despidieron a todo su personal.

Sin embargo, el caso más emblemático a mi juicio es el magistrado de la Corte Suprema doctor Sergio Cuarezma, quién logró exponer públicamente y sin rodeos las ilegalidades que desde adentro se ejecutan en el Poder Judicial. Para entonces, hizo lo que cualquier persona honesta haría en su lugar, retirarse de tanta inmundicia al comprobar que no le era posible limpiarla solo. Entonces, ¿cómo pretende el PLI elegir nuevos magistrados probos y honestos para que entren donde aquel no pudo permanecer precisamente por honestidad? Obviamente, los nuevos también saldrán si tienen dignidad y son consecuentes con sus principios. Si se quedaran en las actuales condiciones, como Benavides se quedó en su momento, será quizás porque “la calle está dura” y la historia se repetirá nuevamente.

Definitivamente, si el PLI no consigue aglutinar todo el espectro político, social y económico opositor al régimen, la tendrá muy cuesta arriba para salir bien parado de un diálogo con Ortega, ¿exigirán reformas a la Ley Electoral? Para qué, si el problema es que no cumplen ni la actual, que ya resulta antidemocrática. En realidad, esta propuesta de diálogo no parece resultado de una estrategia global de largo plazo que considere alternativas ante un eventual incumplimiento, insistencia de abusos antijurídicos o anulación fáctica de los nuevos magistrados probos y honestos.

Antes de pedir magistraturas para denunciar, “desde adentro”, deberían definir un mecanismo consensuado con toda la oposición para evaluar, garantizar o al menos exigir el cumplimiento de la ley en primer lugar y los acuerdos que suscriban en segundo. Por muy popular, eficiente o bien intencionado que sea el expresidente Ortega, el PLI no debería encubrir lo ilegítimo e ilegal de su actual gobierno, pues nada contra ley expresa puede disculparse en un Estado de Derecho. Mucho menos ser comparsa en un escenario absolutista de control del Estado. Si ellos quieren hacer las cosas con fines democráticos deberían acordar inicialmente un plan que incluya la ley de partidos políticos, padrón electoral, observación nacional e internacional, las sugerencias de la UE y OEA, y sobre todo extirpar de raíz ese tejido canceroso del CSE. Hasta entonces señores, consideren la posibilidad de entrar a lo limpio, a menos que su interés principal sea fortalecerse partidariamente y heredar el rol del PLC. El autor es administrador de empresas.

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