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En el mar no faltaron las bolsas, platos y botellas de plástico; vidrios, papel higiénico y residuos sólidos, junto a heces humanas y animales. LA PRENSA/O. Navarrete

Autonomía: lo que Ortega echó al mar

Bastó un simple antojo populista, resumido en la Orden Presidencial número 008-2012, que la Policía Nacional hizo circular por todo el país, para que todo vestigio de autonomía de las alcaldías del país, sustentado en varias leyes de la materia, quedara enterrado ante e, criterio del presidente inconstitucional Daniel Ortega.

Por José Adán Silva y Eddy López

Bastó un simple antojo populista, resumido en la Orden Presidencial número 008-2012, que la Policía Nacional hizo circular por todo el país, para que todo vestigio de autonomía de las alcaldías del país, sustentado en varias leyes de la materia, quedara enterrado ante e, criterio del presidente inconstitucional Daniel Ortega.

Según el investigador y miembro de la no gubernamental Red Local, Silvio Prado, la decisión anunciada por la vocera del Gobierno, Rosario Murillo, de prohibir todo tipo de cobro a veraneantes y comerciantes en los balnearios administrados por las alcaldías violenta la autonomía municipal, altera los planes de arbitrio de cada municipalidad y altera las proyecciones de recaudaciones anuales de cada gobierno local.

“No hay otra palabra para calificar este atropello a la independencia de los gobiernos locales, que populismo”, consideró Prado, al considerar que ni Ortega, ni mucho menos Murillo, tienen facultades ni poderes legales o legítimos para alterar decisiones de recaudaciones que solo le caben a la Asamblea Nacional o a los Concejos Municipales en sesiones extraordinarias.

La medida de la pareja presidencial de permitir el gratuito acceso a los balnearios de la población y comerciantes temporales afectó la contratación de personal de limpieza para librar las costas de los desperdicios que dejaron en siete días cerca de tres millones de visitantes, cifra oficial estimada por el Instituto Nicaragüense del Turismo.

Por ejemplo, miembros del Concejo Municipal de la Alcaldía de San Juan del Sur, Rivas, uno de los sitios más visitados del país, dijeron extraoficialmente que la medida les impidió recaudar más de millón y medio de córdobas, con lo cual sería contratado personal externo para garantizar limpieza de playas.

De igual modo, la Alcaldía de León, durante el periodo de Semana Santa perdió en peaje al menos 370 mil córdobas con la decisión presidencial.

Según Mario Balladares, gerente general de dicha municipalidad, este año no se realizó ningún cobro de tasas por servicios municipales en las costas, ya que la Alcaldía asumió un millón 227 mil córdobas del pago de los impuestos para cubrir la Semana Santa y garantizar a los visitantes un ambiente mínimo de higiene.

“Nosotros hemos considerado cobrar en años anteriores, ya que el presupuesto nunca nos cubre en la limpieza de las playas y reparaciones, ahora nos sobregiramos un poco”, explicó Balladares.

Según el sociólogo Manuel Ortega Hegg, director del Centro de Análisis Sociocultural de la UCA, la decisión presidencial choca con la Ley 451: Ley Especial que autoriza el cobro de contribución especial para el mantenimiento, limpieza, medioambiente y seguridad ciudadana en las playas de Nicaragua, aprobada en abril del año 2003.

“Antes de incidir en la decisión de las alcaldías a recaudar fondos por servicios municipales, la presidencia debió ir a la Asamblea a abolir esa ley y la Ley 40 (Ley de Municipios)”, advirtió Ortega Hegg.

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