Por Martha Vásquez
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“De película. Vinieron tipo operación asalto”, fueron las palabras que utilizó Erick Quiñónez, representante legal de Consovipe, SA, para describir la forma en que llegó el juez de Ejecución de Sentencia, Egberto Ramos Solís, acompañado de cuatro patrullas de la Policía Nacional y el representante legal de la Compañía de Ingenieros Especializados, SA (Ciesa) a ejecutar un embargo, que los afectados consideran ilegal.
Sin embargo, el judicial expresó a medios televisivos que no pudo realizar el embargo a pesar que llevaba orden judicial, “que son de ineludible cumplimiento”, porque los propietarios se opusieron.
El embargo ejecutivo, tramitado por la empresa Ciesa, es por una supuesta deuda de más de dos millones de dólares y proviene de un Laudo Arbitral, donde tres especialistas ajenos a ambas empresas decidieron que el Consorcio Santos CMI-Hogares Sovipe, ajeno a Consovipe, le adeuda más de dos millones de dólares a Ciesa, por obras de construcción realizadas en la planta eléctrica de 27 MW, en Puerto Sandino, hace más de 11 años, explicó Quiñónez.
CIESA CONTRADICE
Mientras tanto Mauricio Riguero, representante legal de Ciesa, negó que haya error en la demanda contra Sovipe, sino que hubo un cambio de razón social. “Consovipe son deudores, solo cambiaron razón social”, dijo el abogado a los medios.
Durante el embargo, la Policía detuvo a Luis Aguirre y Frank Rostrán Larios, trabajadores de Consovipe, que se trasladaban en una camioneta de la empresa y fueron bajados del vehículo que fue embargado y trasladado al Distrito Cinco de Policía. El cargo que les imputan es desacato a la autoridad.
Quiñónez insiste que el procedimiento en que se ha venido desarrollando el juicio contra el Consorcio Santos CMI-Hogares Sovipe es ilegal y no tiene nada que ver con Sovipe.
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