Debido a la frecuencia histórica de los desastres naturales y las pérdidas socioeconómicas asociadas, América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por estos eventos. De ahí que la reducción y gestión del riesgo de desastres sea un tema clave en la agenda de la VI Cumbre de las Américas, que tiene lugar este fin de semana en Cartagena de Indias, Colombia.
Bajo el lema “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, los jefes de Estado y de Gobierno de 34 países examinan cómo pueden fortalecer la colaboración regional y reducir algunos obstáculos que impiden el desarrollo. En este contexto, los líderes promueven la cooperación estratégica entre las instituciones especializadas en materia de desastres naturales y buscan mejorar los mecanismos de reducción y gestión de riesgos.
Los volcanes, terremotos, inundaciones y sequías son factores constantes que afectan el desarrollo. Al comparar el período entre 1971 y 1975 con el período entre 2002 y 2005, la frecuencia de las sequías en el hemisferio aumentó en un 360 por ciento, de los huracanes en un 521 por ciento y de las inundaciones en un 266 por ciento. Lo que indica que los temas vinculados con el cambio climático y su variabilidad deben ser abordados de manera decisiva en nuestras políticas sobre reducción de riesgos y en los marcos generales de planificación para el desarrollo.
En el Caribe, que cuenta una población de cerca de 18 millones de habitantes, son pocos los países que han escapado a los graves daños causados por los desastres durante las dos últimas décadas. Se estima que aproximadamente tres cuartas partes de la población viven en áreas de riesgo y una tercera parte vive en áreas altamente expuestas.
La dura realidad, reflejada en un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es que en las últimas cuatro décadas, los desastres naturales han causado un número significativo de muertes. Se estima, además, que en los últimos 10 años, el saldo económico de los desastres naturales en nuestro hemisferio supera los 446 mil millones de dólares.
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El terremoto que sacudió a Haití en enero de 2010, en el que perecieron unas 230,000 personas y que dejó a la capital del país destruida y pérdidas económicas de alrededor de cinco mil millones de dólares, es la evidencia más reciente de la fragilidad de nuestras sociedades. Los huracanes Mitch en Centroamérica, en 1998, e Iván en la isla de Grenada y en las Islas Caimán, en 2004, con pérdidas más allá del ciento por ciento del PIB en la mayoría de casos, pusieron de relieve una vez más la importancia del tema para la región.
En el Caribe, las amenazas se agravan con el proceso del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Enfrentamos inundaciones, sequías y huracanes en mayor número y de mayor magnitud, que son cada vez más difíciles de anticipar. Las inundaciones asociadas con la tormenta tropical Tomás, que afectaron a los países de Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas en 2010, así como las más recientes en Brasil, Guatemala y Perú, demuestran el carácter transfronterizo de este desafío.
Solamente en el Caribe se estima que el costo anual de la inacción en cuanto a la adaptación y la gestión de las consecuencias del cambio climático sería de 10.7 mil millones de dólares para el año 2025 y posiblemente del doble para el 2050, según estadísticas destacadas por el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe. “El efecto neto de los costos en esta escala sería equivalente a una recesión económica permanente en cada uno de los Estados Miembros de Caricom”, cita un informe presentado en la reunión de los jefes de gobierno de Caricom que tuvo lugar el mes pasado en Suriname.
Nos queda claro que la reducción de desastres es un problema clave para el desarrollo; su impacto negativo sobre los esfuerzos por reducir la pobreza ha sido bien documentado. La pérdida de bienes sociales como escuelas, hospitales, puertos y viviendas erosionan los avances ya logrados. Esto hace que la capacidad de resistencia sea un objetivo central de nuestra agenda de desarrollo sostenible.
Esta resistencia abarca los sistemas, políticas y prácticas que implementamos para enfrentar los retos que representan los desastres inevitables. Las redes y otros mecanismos de intercambio de experiencias aumentarán las oportunidades para los Estados. Este enfoque global crea también nuevos espacios de cooperación a nivel nacional, regional e internacional.
Como se evidencia en la Cumbre de Cartagena, este problema no es exclusivo de un Estado. Los países de las Américas deben asegurar que la gestión del riesgo de desastres sea una prioridad en sus políticas públicas y en las estrategias de desarrollo. Deben fortalecer los mecanismos de reducción del riesgo, identificar nuevas vías de intercambio de experiencias y conocimientos y mejorar la capacidad de respuesta para ayuda humanitaria en caso de desastres. Deben además destinar recursos e identificar mecanismos de financiación en apoyo de estrategias coherentes, en cooperación con las instituciones financieras. La magnitud de este desafío requiere de una alta voluntad política así como de inversiones significativas y sostenidas.
El autor es Secretario General de la Comunidad del Caribe, CARICOM.
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