Gloria Picón Duarte
El jueves pasado, los miembros de la bancada sandinista llevaron a las Comisiones de Justicia y Asuntos Jurídicos, así como la de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, una nueva moción al Código de la Familia, con la cual pretenden subordinar varias instituciones estatales a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), dirigidos por la primera dama Rosario Murillo, lo cual para la experta en temas de familia, Auxiliadora Meza, es como que “los pájaros le tiran a las escopetas”.
“Los CPC ya tienen sus funciones, deben ser colaboradores de las instituciones, no tienen que ser las instituciones que acompañen a los CPC. Creo que aquí los pájaros le están tirando a las escopetas, yo le doy más valor al punto de vista orgánico funcional a los CPC que a los mismos Ministerios de Estado, según esta moción”, criticó Meza, quien fue asesora de la iniciativa de ley del Código de Familia que viene desde 1994.
- “El temor generalizado es que en la aprobación en lo particular se desnaturalicen las instituciones”.
- Auxiliadora Meza, experta en Derecho Familiar.
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La experta señala que es una gran contradicción que exista una Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual y no se les reconozcan sus derechos. Señaló que bien vale la pena hacer un análisis más profundo sobre dicha situación, ya que la población homosexual si no se ha incrementado es más pública, por lo cual instó a los diputados a quitarse las caretas y aceptar la diversidad sexual en el concepto real con las expresiones concretas del país..
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Parte de la polémica moción dice: “Los trabajadores y trabajadoras de los Ministerios de Salud, Educación, Familia, Instituto de la Mujer y alcaldías acompañan de forma permanente a los Consejos de la Familia, Vida y Salud”. Y en otra moción señala claramente que los Consejos de Familia, Vida y Salud están conformados por miembros del CPC de cada barrio y comarca.
Meza señala que lo que se debe hacer es fortalecer las instituciones, no partidarizarlas, ya que los CPC son instrumentos partidarios. Sin embargo, en los barrios ya se están organizando los Consejos de Familia, Salud y Vida, según un medio oficialista.
El Código está en la etapa de discusión de mociones, sin embargo según Meza, aún están a tiempo de buscar un consenso y así como admitieron que tenían que tomar en cuenta a la empresa privada para la aprobación de Código Procesal Laboral, también pueden tomar en cuenta a la familia.
NO DESNATURALIZAR INSTITUCIONES
La experta en temas de familia manifestó que la aprobación de dicho código es una necesidad del ordenamiento jurídico nacional, ya que en la región centroamericana, Nicaragua es el único país que carece de este instrumento jurídico. “Toda iniciativa es perfectible, el temor generalizado es que en la aprobación en lo particular se desnaturalicen las instituciones”, señaló Meza.
Cabe señalar que Cuba, que es uno de los países caribeños que cuenta con un código de familia y donde existen los Consejos de Defensa de la Revolución (CDR), muy parecido a lo que son aquí los CPC, no ha tenido ninguna injerencia en la aplicación de esa legislación.
Meza señaló que existe el riesgo de que con la intromisión de los CPC en la legislación haya un control partidario en la aplicación de la Ley y cuando sea un CPC el involucrado no se aplique la Ley como debe ser o, lo que es lo mismo, sean selectivos a la hora de impartir justicia.
Denis Darce, director de proyecto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que en una ley no deben promoverse ni proponerse la participación de un órgano partidario, sino más bien la participación activa de toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación.
Darce explicó que la misma Ley de Participación Ciudadana establece que las asociaciones de ciudadanos que participan no tienen que ser entidades partidarias ni religiosas para que no sean excluyentes.
“Si se incluye así (a los CPC) estaríamos ante un hecho evidente de remarcar la discriminación que existe actualmente en los mecanismos de participación y de interacción entre Estado y sociedad, sobre todo porque sabemos que los CPC no se rigen por un principio de participación desde abajo, sino por un principio de democracia vertical, es decir que siguen lineamientos y orientaciones desde arriba y no necesariamente desde las propuestas o necesidades que hay en los barrios”, señaló Darce.
La experta señala que es una gran contradicción que exista una Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual y no se les reconozcan sus derechos. Señaló que bien vale la pena hacer un análisis más profundo sobre dicha situación, ya que la población homosexual si no se ha incrementado es más pública, por lo cual instó a los diputados a quitarse las caretas y aceptar la diversidad sexual en el concepto real con las expresiones concretas del país..
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