Elízabeth Romero
Criticó García la forma en que la Corte Centroamericana de Justicia desestimó la denuncia, al alegar que faltaban algunos requisitos y de que se trataba de asuntos privados.
La Contraloría General de la República, a donde recurrieron los abogados del grupo democrático, al igual que la Fiscalía, tampoco “encontraron méritos” para abrir una investigación a Rivas.
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Ante la negativa del magistrado presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, de presentarse para aclarar el origen de sus bienes en Costa Rica, el llamado Grupo de Ciudadanos y Abogados Democráticos de Nicaragua, pedirá en audiencia ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Costa Rica que solicite su captura a la Policía Internacional (Interpol), para que lo obliguen acudir a las citatorias.
El abogado Gustavo García Prado, uno de los que en enero de 2010 acusó a Rivas en Costa Rica, declaró que desde que el oscuro funcionario público fue denunciado como sospechoso de los delitos de enriquecimiento ilícito y por parte de la Fiscalía costarricense por lavado de dinero, este no ha respondido.
Rivas nombró un abogado desde Nicaragua, criticó García, quien señaló que “la legislación costarricense establece claramente, expresamente, que tiene que estar en Costa Rica para nombrar a su abogado”.
“Como funcionario público de la República de Nicaragua él tiene que demostrar que todo es lícito”, dijo García.
“Sencillamente aquí (en Nicaragua) está siendo protegido, aquí hay intereses muy grandes para proteger a Rivas”, criticó.
Lulio Marenco, otro de los abogados que acusó a Rivas, adelantó que también solicitarán a las autoridades costarricenses la intervención de los bienes que Rivas posee en el vecino país, entre los que destaca una mansión con valor comercial de aproximadamente seis millones de dólares. La propiedad en Costa Rica fue construida al adquirir cuatro propiedades en el condominio Vista Hermosa.
“Vamos a seguir estas instancias de Costa Rica para demostrar al mundo que (Rivas Reyes) no solo roba elecciones, sino que también el erario nicaragüense”, sostuvo Marenco.
La decisión de acusar a Rivas en Costa Rica fue porque no encontraron respuesta en Nicaragua, por lo cual abrieron proceso allá, sin que en Nicaragua haya habido ningún juicio ni una resolución judicial.
Los argumentos jurídicos presentados en la acusación por parte de los abogados indican que, según el artículo 6 del Código Penal de Costa Rica, se permite abrir causa penal en ese territorio y aplicar la norma penal cuando se haya cometido un hecho punible en el extranjero y su resultado final produzca efecto en parte o en todo el territorio.
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