Martha Vásquez

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la comisión que elaboró el proyecto de Ley del Código Procesal Laboral acordaron ayer eliminar la figura del interventor judicial en los procesos laborales y la retención migratoria para los empresarios. Estas disposiciones estaban establecidas en los artículos 38 y 44 del dictamen del proyecto de Código Procesal Laboral que fueron rechazados por los empresarios, que exigieron una revisión.

La Asamblea Nacional supuestamente aprobará hoy en lo general el proyecto de ley y después serán incorporadas estas modificaciones.

Otro de los puntos acordados es que se dejó establecido el pago de fianza de parte del demandante, si lo que quiere es hacer embargo preventivo antes de entablar la demanda laboral.

Además, en caso que el embargo se diera durante el proceso, se le notificará al empleador para que tenga lugar a expresar lo que tenga a bien.

“Cuando el embargo sea durante el juicio se hará una audiencia rápida, donde el juez oiga al empleador, para luego decidir si se hace o no el embargo”, explicó Rafael Solís Cerda, magistrado de facto, que preside la comisión por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras que en el embargo ejecutivo queda tal como está. “Si ya perdieron, tiene que ejecutarse”, recalcó Solís.

Asimismo aclaró que aunque se elimine el interventor judicial, el juez queda facultado, bajo advertencia al empleador, con intenciones de evadir responsabilidad mediante artimañas como ocultar bienes o “quebrar” empresas, para fallar anticipadamente a favor de los trabajadores.

En el caso de la retención migratoria para empleadores, Solís argumentó que no era fundamental, ya que normalmente son sociedades anónimas y la junta directiva puede responder por la demanda.

En total se revisaron los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 44.

Tanto Solís como José Adán Aguerri, presidente del Cosep, catalogaron como positivos los resultados de la reunión para la relación consensual Gobierno-empresa privada.

Hoy continúan con una reunión para revisar el tema de la tercerización, las costas del juicio, incluyendo el pago del abogado del empleado, que manda a pagar al empresario si pierde el juicio. Estas consideraciones serán entregadas a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y a Bayardo Arce, asesor económico del presidente inconstitucional Daniel Ortega.

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